2025, la degradación de la legalidad

No hay un momento fundacional de la democracia mexicana. Su arribo fue por aproximaciones sucesivas. Muchos remiten ese origen a la reforma durante la presidencia de López Portillo, promovida por Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, el régimen abrió la puerta a la pluralidad partidista con la creación del sistema mixto en la integración de la Cámara de Diputados. Otros lo ubican en los resultados, en la derrota del PRI en la elección presidencial de 2000. Sin embargo, lo más relevante —si se trata de cambios institucionales de profundidad— fue la reforma de 1996 y la pérdida del régimen de mayoría en la Cámara al año siguiente. Así debe entenderse, porque una presidencia acotada por la ley, por los poderes de la Unión y por la pluralidad política inaugura un nuevo régimen político y significa recuperar el sentido originario de la República.

De los cambios a la Constitución con el obradorismo en el poder, dos en el año que cierra cobran relieve: el nuevo Poder Judicial Federal y la degradación del juicio de amparo. Ambas decisiones son desastrosas para la República y para la certeza de derechos y la seguridad jurídica de los ciudadanos. Elegir por voto popular a los juzgadores es un absurdo que esconde la verdadera intención: anular a uno de los poderes fundamentales de la República en su responsabilidad de salvaguardar la Constitución frente a la arbitrariedad de las autoridades o del Poder Legislativo. Fue un acto venganza del presidente López Obrador, sí, pero fue mucho más allá, no sólo acabó con los ministros incómodos, terminó con la independencia y profesionalismo del conjunto de la judicatura.

Un Poder Judicial autónomo fue proyecto originario de la República y ha resistido la prueba del tiempo, en todo el mundo. El ataque al Poder Judicial viene de los autócratas, de gobernantes decididos a actuar sin restricción alguna, sin límites. Es una falacia señalar que la constitucionalidad y su tutela por un Poder Judicial independiente sean un obstáculo o una afrenta al poder del gobernante o al de la mayoría legislativa.

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