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GUANAJUATO, Gto., 8 de enero de 2025.- La desaparición de los organismos constitucionales autónomos representa un retroceso significativo en términos de control democrático y especialización de la gestión pública.
Señaló lo anterior el politólogo Fernando Barrientos del Monte, profesor e investigador del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato (UG).
Estos órganos, como la Comisión de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), fueron concebidos en el contexto de la transición a la democracia en México y otros países.
Y surgen para garantizar que ciertas funciones especializadas y de control queden al margen de la dinámica política partidista, a cargo de profesionales capacitados para controlar y equilibrar los poderes elegidos, como el ejecutivo, legislativo e incluso el judicial:
Tienen una función central, que es controlar a los otros poderes. Esta dinámica de creación de órganos considerados autónomos no solamente en México, sino en otros países, principalmente en América Latina, aparecen en el contexto de la transición y consolidación de la democracia, dijo.
El académico, comentó que la eliminación de estos órganos, en un proceso fast track, carece de un diagnóstico serio que justifique su extinción, según explica el experto.
Argumentos como la austeridad son insuficientes y cuestionables, pues los “ahorros” serían mínimos, sobre significativas pérdidas en las capacidades institucionales y ciudadanas.
Como señala el profesor Fernando Barrientos, la democracia no solo se trata de realizar elecciones, también de fortalecer instituciones que aseguren transparencia, eficacia y rendición de cuentas.
Las mayorías es cierto que han sido votadas por la ciudadanía, pero una mayoría incluso votada no la habilita para cambiar radicalmente la estructura del Estado, deberían existir otros mecanismos, desafortunadamente no los tenemos y ese es un déficit de nuestra democracia.
Por lo que, otro de los aspectos que analiza el doctor en Ciencia Política, es que el regreso de estas funciones al poder ejecutivo, en áreas como la evaluación educativa, distribución de las energías, telecomunicaciones y transparencia, sobre todo en esta última, compromete la imparcialidad y profesionalismo de un estado democrático.
Los primeros impactos analizados por el investigador de la Universidad de Guanajuato señalan un retroceso en materia de transparencia.
Asimismo, se anticipa a repercusiones en la confianza de socios comerciales, pues estos organismos ofrecían certeza jurídica clave para inversiones, especialmente en el marco del T-MEC, lo que ha generado algo de descontento en Estados Unidos y Canadá, países socios que incluso han pedido sacar a México del tratado.
También se prevén afectaciones en sectores como las telecomunicaciones, electricidad y educación, donde el traslado de funciones a dependencias gubernamentales sin la capacidad técnica adecuada limitará la evaluación y mejora de políticas fundamentales para el desarrollo del país.
Ante la eliminación de estos órganos, señaló que, una posible solución sería invertir en la profesionalización de la administración pública mediante la mejora de las condiciones laborales, un diseño institucional más eficiente y la reasignación de funciones altamente especializadas y específicas que permitan brindar los servicios que anteriormente realizaban dichos organismos.
Finalmente, advirtió que no se observa algún esfuerzo encaminado en dicha dirección, al solo plantearse absorber las funciones sin un diagnóstico previo ni una propuesta viable.