El derecho a saber/Federico Berrueto
De forma ingenua la clase política cree que de un plumazo puede controlar al crimen organizado.
La historia nos dice que siempre ha existido una relación simbiótica entre el poder y los grupos criminales en turno, un ejemplo es Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, las mafias que controlaban el tráfico de alcohol durante la Ley seca en el Chicago de Al Capone, tenían compradas a las autoridades y sembraban terror en la ciudad, por citar un caso.
¿Por qué sería distinto ahora?, con el salto de la venta ilegal de alcohol
al tráfico de marihuana, drogas sintéticas y ahora fentanilo, que está de moda.
La realidad es que los cárteles de la droga en México han extendido sus negocios en todo el país y a otras naciones, incluyendo Estados Unidos, que es su mayor mercado; inclusive han ampliado su portafolio de negiocios ilícitos, pero su estructura es solo una pieza del multimillonario negocio del crimen organizado trasnacional.
Actualmente México es uno de los cinco países líderes de la venta de cocaína en el mundo, solo antecedido por Colombia y comparte posiciones con Brasil, Venezuela y Perú.
En datos del Indice Global de Delincuencia Organizada 2023, el 83 por ciento de la población mundial vive en países con un alto nivel de criminalidad, contra un 79 por ciento en 2021.
El IGCO 2023 (por sus siglas en ingles), revela la escala de criminalidad y sus alcances, pero también la capacidad de los Estados para resistir y contrarrestar las actividades de grupos criminales y sus negocios periféricos como trata de personas, extorsión, tráfico de migrantes y secuestros.
Información relevante que proporciona el Indice, es que los países identificados como democracias plenas, exhiben niveles más altos de resiliencia al crimen organizado que los regímenes autoritarios, también puntualiza que prácticas de gobierno abierto, con transparencia, que protegen al estado de derecho y fomentan la participación activa de los ciudadanos, fortalecen las acciones para combatir amenazas criminales.
La tendencia refiere que los grupos criminales también han expandido su red a delitos financieros que permiten a los delincuentes infiltrarse en los sistemas económicos financieros formales de un país, en muchos casos el origen de su fortuna está vinculado a delitos violentos.
El punto de inflexión que agudiza el problema es la corrupción. El estudio destina un apartado al tema, dejando ver que el grado de corrupción en un Estado es proporcional al fracaso de la lucha que sostiene contra el crimen organizado y, lamentablemente, los números dejan muy mal parado al Estado mexicano en su supuesta lucha contra los grupos criminales.
Entre las posibles soluciones que destaca el reporte, la sociedad civil y los medios de comunicación pueden ser catalizadores para exigir resultados a las instituciones estatales, la realidad es que miles de ciudadanos y periodistas viven en comunidades secuestradas por el crímen organizado, lo que reduce al máximo sus posibilidades reales de hacer bloque para resistir a la delincuencia, de forma alterna a los gobiernos.
En la realidad, es el momento histórico que se vive en México. Una buena acción que cae en la cancha ciudadana, es que la sociedad civil mantenga un sistema democrático a través del voto, lograrlo permitirá sostener gobiernos que intenten resistir mejor los embates de la delincuencia pero, al margen de un proceso electoral, corresponde a la sociedad civil seguir presionando para que las autoridades en turno no se dobleguen ante el Crimen Organizado & Compañía.