Política exterior mexicana en graves problemas/Paulino Lorea

Tremenda preocupación se ha generado en la Administración Federal de México, encabezada por Claudia Sheinbaun junto con su equipo de trabajo, principalmente en los sectores de Seguridad y Justicia, de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de las Secretarías de la Defensa y de Marina, debido a las gestiones que se están desarrollando en el Senado de los Estados Unidos de América para designar o atribuirles la categoría de terroristas a los cárteles de la droga, con todas las consecuencias que traería aparejada para actuar en contra de ellos en cualquier parte del mundo donde se encontraran.

Desde su campaña electoral Donald Trump ofrecía a los ciudadanos estadounidenses que una de sus políticas principales, de llegar a la presidencia de la república, sería acabar con los cárteles del narcotráfico internacionales, considerando que su inmersión en los Estados Unidos eran verdaderos ataques contra su seguridad y su estabilidad en salud y economía al inundar de drogas por vía fronteriza con México a sus ciudadanos.

La promesa de campaña, una vez pasada la elección y declararse triunfante, se convirtió en realidad pues hace unos días fue nominada para fungir como Fiscal General de Estados Unidos, la abogada Pamela Bondi, para la próxima administración de Donald Trump, quien a determinadas preguntas de los Senadores explicó con claridad y contundencia que estaba a favor de que se designara a algunos cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras, para ser perseguidos y aniquilados aún extraterritorialmente a los Estados Unidos. (am 17/01/2025)

Pamela Bondi fue Procuradora del Estado de Florida durante ocho años, tiene 59 años de edad, oriunda de Tampa, Florida, egresada de la Universidad del mismo Estado, militante del Partido Repúblicano, con vasta experiencia, con buena presencia, rubia natural, católica, divorciada, de carácter fuerte y prototipo de mujer independiente, moderna, ágil y valiente. Por lo que los estadounidenses esperarían muy buenos resultados en su cargo. De lograr la aprobación del Senado y su nombramiento sería una piedra en el zapato de las relaciones exteriores entre Estados Unidos y México por el sensible tema del tráfico de fentanilo, cuyo origen se ha negado por el gobierno mexicano desde la administración anterior.

Por otro lado, ha procedido la designación y confirmación de Marco Rubio como Jefe de la Diplomacia estadounidense también del gobierno de Trump, quién afirmó en su comparecencia ante el Senado que los cárteles mexicanos de la droga tienen control operativo sobre varias regiones fronterizas entre México y Estados Unidos, de ahí que expresa su acuerdo en el plan de designar a los cárteles como grupos terroristas y abundó textualmente que habría posibilidad para justificar una intervención militar de Washington “es una opción que está sobre la mesa”. Lo cual sería como un “cierre de pinza”, entre Fiscalía y Política Exterior.

Para que los amables lectores ubiquen la trayectoria de Marco Antonio Rubio, baste comentar que es un político conservador militante del Partido Republicano, de ascendencia cubana, también oriundo y Senador por el Estado de Florida, de 53 años, católico y Abogado.

Como podemos observar, esta dupla de futuros funcionarios del gabinete de Trump a partir del 20 de enero serán una verdadera calamidad primeramente para los cárteles del narcotráfico en México a los cuales han declarado como los principales enemigos de Estados Unidos, pero inexplicablemente, lejos de que el gobierno federal mexicano también se sumara a dicha apreciación contra estos grupos criminales, no acepta que se equipare el narcotráfico con el terrorismo, según lo resalta en una nota del miércoles 15 de enero el periódico El País, al resaltar que la Presidenta Sheinbaum “ha sido especialmente cautelosa para no dar pie a la posibilidad de una acción unilateral de Washington en territorio mexicano que, pese a estar justificada bajo las leyes estadounidenses, sería contraria al derecho internacional”.

Las opiniones de los distintos estudiosos del fenómeno delictivo en México así como periodistas, líderes de opinión, expertos penalistas, en su conjunto y de manera general, coinciden en que México aún tiene capacidad para enfrentar el problema como los cárteles de la droga y en general contra las organizaciones criminales que están lacerando algunas regiones del país, pero coinciden en que desde el sexenio anterior y a la fecha no hay voluntad ni para combatirlos ni mucho menos para acabar con ellos. Por lo que no se ve con malos ojos el que los Estados Unidos con la decisión de sus nuevos gobernantes interviniera militarmente contra estos grupos criminales bien identificados aún en territorio mexicano, sin que ello significara afectar la Soberanía Nacional que tanto se pregona y se pretende proteger, pero que se contradice permitiendo la impunidad de los grupos delincuenciales.