Prisión preventiva oficiosa: Justa o injusta/Paulino Lorea

Varios amables lectores en los últimos dos meses, me han solicitado refiera en este espacio, desde una visión más sencilla y con menos técnica jurídica, el tema de la prisión preventiva de oficio, conforme a un catálogo de delitos previamente establecido, para una comprensión más accesible a la generalidad, ya que en principio causó temor y zozobra sobre la difusión de la ampliación de la lista de delitos.

En el artículo 19 de la Constitución Federal ya existía esta medida y la inquietud que despertó en general se debió a que la Corte Interamericana resolvió otro caso contra México el 25 de enero de 2023 precisamente contra la aplicación de la prisión preventiva de oficio, conllevando a que se legisle para erradicarla, o bien que no se aplique por inconvencionalidad y porque viola el principio de “presunción de inocencia”. (Periódico A.M. página A 7, 3 de enero de 2025). Si bien hay opiniones de juzgadores y abogados en este sentido, también las hay de otros grupos del gremio y de familiares de víctimas de esos delitos, y de empresarios afectados que opinan diferente.

Veamos porqué. En primer término, de acuerdo al sistema penal acusatorio actual en México, efectivamente el dispositivo constitucional estaría pugnando contra el “principio de presunción de inocencia” que prioriza este sistema, pues estaría encarcelando (que no castigando) a una persona sin tener una sentencia condenatoria de culpabilidad, aunque se señale preventivamente, pero habría que aclarar que en el Derecho Penal y en el Derecho Procesal Penal existen también motivos y medidas de seguridad por causas de política criminal y que además de conformidad con las situaciones reales de carácter social, económica y cultural, no sería posible asegurar o apelar a la buena voluntad de un ciudadano para que cumpliera con sus obligaciones de carácter procesal en plena libertad y desahogue un juicio donde existe la posibilidad de ser condenado y acreedor a una penalidad muy grave. Lo más probable es que de inmediato al ser liberado por su “presunción de inocencia”, huya y quede impune ese hecho.

Pero además, el número excepcional para aplicar esa medida de seguridad es de sólo 16 figuras delictivas: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, producción y tráfico de fentanilo, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito, y ejercicio abusivo de funciones, robo al autotransporte, delitos cometidos con armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y delitos fiscales cometidos con comprobantes falsos.

En este sentido causa más agravio y percepción de injusticia e inseguridad en la población el hecho de ver que el autor de un delito detenido en flagrancia y quizás hasta entregado por sus propias víctimas a los autoridades (por ejemplo de un robo a casa o comercio) quede en libertad inmediata para seguir cometiendo fechorías, por el beneficio de su “presunción de inocencia”; cuándo se le podría hacer comparecer a juicio aunque se librara orden de reaprehensión?
Por otro lado, cabe informar que se reformó el contenido del artículo 1° Constitucional, donde prevaleció hasta la reforma del año 2011 ampliando su extensión protectora hacia los Derechos Humanos, aún los contenidos en Tratados Internacionales ratificados por el Senado, de ahí el respeto que se exige a la resoluciones de la Corte Interamericana en materia de prisión preventiva oficiosa que se exige se erradique.

En este sentido, podríamos concluir que este tipo de prisión prevista en la Ley, la calificaríamos de injusta; pero el sistema penal y de seguridad pública, la considera necesaria y se argumenta en cuanto a legalidad de la misma que prevalece sobre la convencionalidad por estar incluida en la propia Constitución Federal.
Seguro la polémica continuará, pero a la fecha se aplica como tal por el bien y satisfacción de las víctimas.