Descomplicado/Jorge Robledo

Exterminio

¿En qué momento México perdió el rumbo?, cómo fue que pasamos de vulgares ladrones de bolsas y carteras a homicidios dolosos por millares, miles de desaparecidos, fosas clandestinas y ahora, campos de exterminio; con todo el horror y carga emocional que implica esa palabra, que nos evoca a uno de los episodios más obscuros de la historia: el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

El hallazgo hecho por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco; localizando al menos 200 pares de calzado, ropa, mochilas, fotografías, casquillos de bala y restos óseos, volvió a colocar a México en el centro de la noticia internacional.

El párroco de Teuchitlán, Jaime Gustavo Nabel, replicó de forma precisa lo que escuchó entre la comunidad: “Dicen que somos el Auschwitz mexicano”, refiriéndose a los campos de exterminio instalados por los nazis en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial.

Pocos días después, el colectivo Amor por los Desaparecidos, en Reynosa, Tamaulipas, reportó el hallazgo de restos óseos calcinados en un supuesto crematorio, ropa, equipo táctico, casquillos percutidos y huellas de impactos de bala en una pared. Casi al mismo tiempo, el colectivo Lazos Unidos por Encontrarlos informó de un ejido, también en Reynosa, con la presencia de restos óseos.

Hallazgos similares han ocurrido por décadas en México, casos que son ignorados por la autoridad en turno. En el caso de Reynosa, la periodista Marcela Turati, en su libro: San Fernando. Última parada, documenta la desaparición y asesinato de personas reclutadas por grupos criminales. Cuando en 2011 se descubrieron tumbas y el gobierno reconoció los restos de 193 personas, la autoridad responsabilizó a Los Zetas de las matanzas y se lavó las manos, sin investigar complicidades.

La periodista, ha denunciado por años que, en México, la política de Estado es la simulación y el ocultamiento.

En los últimos 15 años, se han fortalecido los grupos criminales que dominan casi todo el territorio nacional, pero también han proliferado células criminales disidentes que, -literalmente- secuestran comunidades o municipios, convirtiéndose en el terror de la zona. En ambos casos, generalmente los criminales están coludidos con autoridades del municipio, del estado o de la federación.

Durante el pasado fin de semana, hubo manifestaciones de grupos de buscadores en el Zócalo de la Ciudad de México y estados como Jalisco, Michoacán y Guerrero; lo que volvió a visibilizar una profunda crisis de inseguridad para las y los ciudadanos.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció reformas constitucionales para atender desapariciones que contemplan seis puntos, entre los que destacan: Un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda; crear una base única de información forense, -por enésima vez- que se alimentará con datos de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República y equiparar el delito de desaparición al de secuestro.

En ese contexto, resulta patético ver, una vez más, a personajes como Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, repartiendo culpas para sacar raja política de un tema tan doloroso.

La realidad es que, como ha denunciado por años la periodista Marcela Turati: mientras no se erradique la política de Estado de simulación y ocultamiento, a lo que deben incluirse altos niveles de corrupción, difícilmente se verán resultados que frenen la desaparición de personas en el país.