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GUANAJUATO, Gto., 7 de mayo de 2025.- La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado convocó a una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Privada de Guanajuato, cuyo objetivo es establecer causas claras para la revocación de autorizaciones a quienes prestan servicios de seguridad privada, con el fin de brindar mayor certeza jurídica a personas físicas y morales en este sector.
Gustavo Bravo, asesor del grupo parlamentario del PRI, explicó que la iniciativa busca incluir como causales de revocación situaciones como la imposición de más de una suspensión de actividades, la incorporación de personal sin aprobar el examen de control de confianza, la presentación de documentación falsa, la negativa a revisiones oficiales, y el uso indebido de insignias o recursos para cometer delitos.
Además, se consideran causas graves como el hallazgo de armas no autorizadas o exclusivas del ejército en inspecciones, el uso de recursos ilícitos para operar, y la participación del personal en la desaparición forzada de personas, lo que refleja la intención de endurecer los controles sobre las empresas de seguridad privada.
Por su parte, Vicente Vázquez Bustos, de la Consejería Jurídica, señaló que la propuesta no es viable en su forma actual, pues considera que el tratamiento normativo es aislado y no se alinea con lo establecido en la Ley de Seguridad Privada del Estado, lo que abrió un debate sobre la necesidad de armonizar la iniciativa con el marco legal vigente.
Durante la discusión, se reconoció que la iniciativa aborda aspectos relevantes como la puntualización de causales y la importancia de reforzar todas las áreas de seguridad, dado que la seguridad privada actúa como auxiliar de la pública. Sin embargo, se planteó que la capacidad para realizar pruebas de control y confianza es limitada, con retrasos en evaluaciones y resultados, lo que dificulta la aplicación efectiva de algunas disposiciones.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez, quien encabezó los trabajos, solicitó que se envíen las propuestas y comentarios surgidos en la mesa para analizarlos y determinar cuáles aspectos pueden ser atendidos, mostrando apertura para mejorar la iniciativa con base en las aportaciones de los participantes.
En la mesa participaron representantes de la Secretaría de Seguridad y Paz, la Consejería Jurídica, el Ayuntamiento de León, la Dirección General de Seguridad Privada CUPAC de Irapuato, el Tribunal de Justicia Administrativa, así como empresas privadas y asesores parlamentarios, lo que refleja un esfuerzo conjunto para fortalecer el marco normativo en materia de seguridad privada.
Esta iniciativa se enmarca en la necesidad de actualizar y mejorar la regulación del sector en Guanajuato, buscando garantizar que las empresas y personal de seguridad privada operen bajo estrictos controles que eviten abusos y garanticen la seguridad de la ciudadanía, en coordinación con las autoridades estatales y municipales.