
Genio y Figura/Francisco Buenrostro
La activista defensora del derecho al agua Karina Ruiz Ocampo fue localizada sin vida el sábado 4 de mayo a un costado del kilómetro 40 de la carretera libre Guadalajara-Tepic; policías municipales que patrullaban la zona detectaron el cuerpo y dieron parte a la fiscalía, esto tras haber estado desaparecida desde el 13 de abril cuando un grupo de personas irrumpió en su domicilio y la sustrajo por la fuerza.
Karina era madre de familia y representante legal de la asociación civil La Cima Nuestra Prioridad; su activismo era por su lucha para exigir el restablecimiento del suministro de agua en el fraccionamiento La Cima en El Arenal que se encuentra sin agua desde diciembre de 2022, luego de que la CFE cortara el suministro al pozo comunitario por una millonaria deuda atribuida a la constructora.
Con todo y que la denuncia llegó al Congreso del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nunca se logró una solución.
La labor de Karina fue realizar protestas, transmisiones en vivo y exigir a las autoridades y a empresas responsables el servicio del agua; su última manifestación pública ocurrió el 23 de marzo, días después comenzó a recibir amenazas a través de redes sociales, mensajes violentos que sugerían robarle su motocicleta o hasta “lincharla”.
En algún momento Karina confesó a personas cercanas que consideraba abandonar su activismo por razones de seguridad.
Otros activistas que han sido asesinados este año en Jalisco son María del Carmen Morales y Jaime Daniel Ramírez Morales de 43 y 26 años el pasado 23 de abril en la noche en un parque del municipio de Tlajomulco, donde residían. Y en ese mismo lugar en febrero de 2024 su hijo Ernesto Julián, de 19 años, fue privado de la libertad y desde entonces se encuentra desaparecido.
María del Carmen Morales era integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, la organización de familias buscadoras que reveló el hallazgo del centro de entrenamiento y reclutamiento en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán.
Por otro lado Teresa González Murillo, fue asesinada en su casa, buscaba a su hermano desde septiembre de 2024, conocida como Teresita por comerciantes ambulantes del centro de Guadalajara, ya había recibido amenazas del narcotráfico y a su hija, una estudiante de 15 años, la habían golpeado afuera de su escuela solo unos días antes de su ataque.
La fiscalía de Jalisco investiga su caso por un presunto robo, ella pertenecía al colectivo Luz de Esperanza.
Juan Pablo Alonzo Estrada, fue asesinado en su domicilio el 30 marzo era activista por la paz y la seguridad en Teocaltiche, integrante del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente.
La lista de luchadores sociales por diferentes causas pero sobre todo por desapariciones que han sido asesinados ha aumentado en los últimos años, de acuerdo al último diagnóstico de seguridad elaborado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México registra que entre 2011 y 2024 han sido asesinados 22 familiares de personas desaparecidas y desde 2018 nueve buscadores han sufrido desaparición forzada, cinco han sido localizados sin vida y tres con vida.
La crisis de desapariciones en nuestro país no solo se refleja en las víctimas y sus familias, la falta de recursos para la búsqueda de personas con vida, impunidad y el respaldo para grupos criminales, sino en la falta de seguridad para quienes buscan por su propia cuenta a falta de respuesta del estado.
Así como las personas antes mencionadas, están los colectivos, madres buscadoras y familias que con miedo, amenazas y riesgo que corren todos los días al excavar en la sierra o en un fraccionamiento de la ciudad continúan su búsqueda, en el mismo sentido pareciera que la defensa de derechos está prohibida en Jalisco o en cualquier parte de México porque se corre el riesgo de perder la vida.
Luchar por los derechos humanos debe ser libre, con protección del estado, mecanismos para recibir y responder a las preocupaciones, y tomar medidas para prevenir y remediar las violaciones de los mismos, pero en México resulta todo lo contrario.