30 años construyendo dignidad: la UG y el legado de los derechos humanos

Durante décadas, hablar de derechos humanos en las universidades parecía una conversación secundaria. Hoy, es una necesidad urgente. Las instituciones educativas ya no pueden —ni deben— limitarse a formar profesionistas: tienen la obligación de formar ciudadanos críticos, empáticos y conscientes de su entorno. En este contexto, la Universidad de Guanajuato (UG) se ha consolidado como una de las pioneras en llevar los derechos humanos al centro de su vida institucional, y su Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario (DDHEU) es prueba de ello.

Celebrar tres décadas de esta defensoría no es solo hacer memoria: es confirmar que la promoción y protección de los derechos humanos ha dejado de ser un tema marginal en la vida académica. Hoy más que nunca, los derechos humanos están vivos en las universidades. Son columna vertebral de los valores institucionales, guía de las políticas públicas internas y motor de cambio para la sociedad.

Desde su origen como Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos en 1995, la DDHEU representa una de las primeras apuestas estructuradas de una universidad pública por garantizar el respeto, la justicia y la dignidad en su comunidad. La UG asumió entonces, como lo hace ahora, que el entorno educativo debe ser seguro, incluyente y libre de violencias, no como una aspiración idealista, sino como una responsabilidad ética.

En el marco de esta conmemoración por sus 30 años, la UG suscribió un convenio interinstitucional con organismos estatales como la Secretaría de Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Esta alianza fortalece el impacto de la defensoría y amplía su alcance a grupos históricamente vulnerados: personas migrantes, pueblos originarios, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, afromexicanas y muchas más.

La Rectora General, Dra. Claudia Susana Gómez López, lo dijo con claridad: la protección de los derechos humanos no es una acción temporal o un simple protocolo; es una tarea constante, colectiva y sin fecha de caducidad. Y tiene razón. Porque las defensorías universitarias deben ser más que oficinas: deben ser espacios vivos, accesibles, sensibles y vinculados con la realidad de sus comunidades.

En tiempos de discursos polarizantes, exclusión digital, crisis socioambientales y violencia estructural, las universidades deben ser faros éticos. Promover una cultura de paz, formar en la empatía, cuestionar las desigualdades y acompañar a quienes alzan la voz, no es un favor: es parte de su deber social.

La Universidad de Guanajuato ha asumido ese rol con compromiso. Con acciones tangibles, con alianzas estratégicas, con formación y sensibilización, pero sobre todo, con una convicción institucional que no se doblega ante la indiferencia ni la omisión.

Treinta años de la DDHEU nos recuerdan que los derechos humanos no son un lujo, ni una concesión: son el núcleo de la vida universitaria. Y su defensa debe formar parte esencial de toda instancia educativa, institucional o gubernamental que diga trabajar por el bien común.

Porque si algo hemos aprendido en estas décadas, es que la justicia no se decreta: se construye todos los días. Y las universidades, como la UG, son clave en esa construcción.