Analizan iniciativas en derecho a la ciudad y nuevo día feriado

GUANAJUATO, Gto., 16 de junio de 2025.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Guanajuato llevó a cabo dos mesas de trabajo fundamentales para el futuro legislativo de la entidad. Los encuentros se centraron en el análisis de una iniciativa de reforma a la Constitución Política local y otra propuesta de modificación a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos.

La primera mesa abordó la trascendental propuesta de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de integrar el Derecho a la Ciudad. Esta iniciativa busca asegurar que las ciudades de Guanajuato se consoliden como espacios verdaderamente inclusivos, donde todos los ciudadanos puedan participar activamente en su desarrollo y disfrute.

La reforma enfatiza que el Estado tendrá la obligación de garantizar el cumplimiento de este derecho. Para ello, se deberán implementar políticas, planes y programas orientados al usufructo equitativo de los bienes públicos y la justicia territorial. Esto permitirá a los habitantes utilizar, producir, transformar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos que sean inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, asegurando los recursos y condiciones necesarias para una vida digna.

Vicente Vázquez Bustos, de la Consejería Jurídica, consideró que la iniciativa es viable. Explicó que la incorporación del derecho a la ciudad en la Constitución local se alinea con los derechos humanos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. Asimismo, destacó que este derecho está directamente vinculado con los asentamientos humanos, los servicios públicos y la protección del medio ambiente.

Por su parte, Guillermo Fonseca Aguirre, de la Secretaría de Derechos Humanos, manifestó un rotundo apoyo a la propuesta, subrayando su importancia para la inclusión social. Recalcó que la iniciativa garantiza un acceso equitativo a servicios y bienes públicos, fomenta la movilidad eficiente, impulsa la participación ciudadana en la toma de decisiones y promueve la creación de entornos sostenibles y saludables para todos.

Los participantes de la mesa de trabajo profundizaron en la necesidad de no solo indicar cómo se garantizará el derecho a la ciudad, sino también de definir con claridad qué es lo que se garantiza. La diputada Susana Bermúdez Cano comentó que este es un tema presente y futuro, esencial para asegurar una vida digna para todas las personas, abarcando aspectos cruciales como la seguridad, la protección del medio ambiente y el disfrute equitativo de los espacios públicos, lo que generará una obligatoriedad en muchas aristas para las autoridades.

Nuevo día feriado

En la segunda mesa de trabajo, el diálogo se centró en la propuesta de modificación a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. El objetivo es establecer el 1 de octubre como día de descanso obligatorio cuando esta fecha corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

La Consejería Jurídica señaló que esta iniciativa es atendible en sus términos, destacando la necesidad de una congruencia normativa con la fecha ya establecida en el texto constitucional a nivel federal. Adicionalmente, se subrayó la importancia de esta medida para reafirmar la identidad ciudadana, fortaleciendo el sentido de pertenencia a una comunidad política que comparte historia, cultura y un proyecto de nación. La transmisión de poder, argumentaron, no es solo un acto político, sino también un momento simbólico que refleja un esfuerzo colectivo por construir una sociedad más democrática.

La congresista Susana Bermúdez Cano coincidió con estos argumentos, enfatizando que la medida reafirma el sentido de pertenencia de la ciudadanía al permitirles atestiguar y ser parte de un momento histórico. A su vez, el legislador Rodrigo González Zaragoza se sumó al comentario de su homóloga, mientras que el diputado Juan Carlos Romero Hicks calificó la propuesta como un acto de Estado, subrayando su relevancia institucional. La reunión contó con la participación de los diputados Susana Bermúdez Cano, Juan Carlos Romero Hicks y Rodrigo González Zaragoza, así como funcionarios de la Consejería Jurídica, las secretarías de Derechos Humanos, Obra Pública y Finanzas, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Estatal Electoral y asesores parlamentarios, lo que evidencia la amplitud y el rigor del análisis realizado.