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LEÓN, Gto., 21 de febrero de 2024.- Frente al alarmante número de asesinatos de policías en Guanajuato, el ex secretario de Seguridad de Baja California, asesor en Seguridad y director de la organización Construyendo Comunidad (COCO), Alberto Capella, advirtió la gran preocupación que esto genera.
Añadió que mientras no se investiguen estos homicidios, no se persiga y no se castigue a los asesinos de policías, seguirán incrementándose los casos por la impunidad.
Apenas este martes por la mañana una mujer policía y su hija de 8 años fueron asesinadas cuando se dirigían a la escuela, en la ciudad de Celaya.
El estado más peligroso
Guanajuato, de acuerdo con la organización, Causa en Común es la entidad con mayor número de asesinatos de policias, es decir el Estado más peligroso para ser elemento de seguridad.
El especialista lamentó además que la sociedad tiene un papel muy importante y no valora a los elementos de seguridad, en Guanajuato y en el país en general.
“Es sumamente dramático, me pregunto dónde está la sociedad abrazando a las familias de los uniformados y habría que analizar cuál es el índice de persecución en quienes cometen estos delitos”, cuestionó.
Para Capella es alarmante que en Guanajuato se haya registrado el asesinato de 10 policías en Celaya, en solo un mes, y que la sociedad no exija castigo en estos casos, como en otros casos de homicidios.
Ejemplificó que en Estados Unidos cuando se atenta contra un elemento de seguridad no se descansa hasta dar con los responsables, a quienes se les aplican penas severas como una acción para respaldar a quienes se encargan de cuidar a las personas.
“Mientras no le demos un proceso de dignificación a quienes se están rifando la vida por salvaguardar la vida y el patrimonio de la sociedad, será muy difícil cambiar a la sociedad.
“Tienen el caso de 10 policías asesinados en Celaya en un mes, eso es dramático”, indicó.
Asimismo, destacó que Guanajuato está viviendo problemas grandes en materia de seguridad derivado de la politización del tema de la seguridad por parte del gobierno federal y estatal.
Esto ha generado el registro de 47 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las tasas más altas en el país.