
Promete Libia Dennise gestión justa para el desarrollo de Guanajuato
GUANAJUATO, Gto, 28 de agosto de 2025.- Integrantes de colectivos de personas desaparecidas en Guanajuato decidieron suspender temporalmente sus jornadas de búsqueda, ya que recibieron amenazas directas.
Por lo tanto, mantienen su exigencia ante autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar protección y avanzar en las investigaciones que permitan localizar a sus familiares.
Karla Martínez, representante del colectivo Hasta Encontrarte, explicó que las intimidaciones comenzaron tras la desaparición de “Panchito”, un padre buscador de Irapuato.
“Es muy desesperante no poder salir a búsqueda. El colectivo está parado (…) yo, personalmente, recibí un ramo de flores donde decía: ‘Descanse en paz, Karla’”, relató.
En este contexto, Amnistía Internacional rechazó la narrativa oficial que responsabiliza a las familias de ponerse en riesgo y señaló que son las autoridades quienes exponen a los colectivos.
“Los ataques y las amenazas que ellas reciben, tanto del crimen organizado como de agentes estatales, son responsabilidad del Estado mexicano. Cada persona buscadora asesinada es responsabilidad del Estado, que tiene el deber de encontrar a los responsables”, declararon.
Las buscadoras también denunciaron la falta de comunicación con las autoridades estatales, pues en varias ocasiones se enteran del hallazgo de sus familiares a través de los medios de comunicación y no mediante información directa.
“Las primeras que deberíamos ser notificadas de algún hallazgo somos las familias de las víctimas desaparecidas. Nos da mucha pena y coraje enterarnos por medio de la prensa”.
Este jueves, colectivos de búsqueda y Amnistía Internacional buscaron reunirse con autoridades estatales para recordar la obligación de proteger a las mujeres buscadoras y garantizar que puedan realizar su labor sin miedo.
Aunque el encuentro se concretó por la tarde, la organización subrayó que la reunión solicitada con la gobernadora Libia García fue cancelada una semana antes.
Entre las exigencias presentadas a las autoridades destaca la eliminación de registros de mujeres buscadoras que fueron detenidas y violentadas durante manifestaciones pacíficas años atrás, así como la reparación del daño en cada uno de esos casos.