Aprueban cuentas municipales y regulan suspensión de diputados

GUANAJUATO, Gto., 11 de octubre de 2025.- En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó los dictámenes relativos a los informes de resultados de los procesos de entrega recepción correspondientes a las administraciones públicas municipales 2021-2024 de: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria.

Además, se avalaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para establecer que las personas diputadas quedarán suspendidas en sus derechos y obligaciones parlamentarias cuando tengan imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente, a través de una resolución firme.

Como parte del orden del día, se aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de cinco propuestas legales. Se trata de la iniciativa de reforma al Código Civil estatal que buscaba que los pueblos y comunidades indígenas tengan plenitud de certeza que la justicia es asequible y que si no pueden resolver sus conflictos internos mediante sus propios usos, costumbres y sistemas normativos pueden acceder a la jurisdicción del estado a través de su representante legal como lo es la autoridad comunitaria.

La diputada Plásida Calzada Velázquez manifestó que no se busca vulnerar y no se estaría vulnerando en ningún momento el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, por el contrario, dijo, con la propuesta se busca el reconocimiento explícito como entidad jurídica en el Código Civil estatal, con la finalidad de garantizar que las autoridades indígenas puedan intervenir en un procedimiento judicial en representación de la comunidad indígena.

“Con esta iniciativa no estamos en ningún momento renunciando a nuestros sistemas normativos internos, lo que estamos buscando es reconocer la figura jurídica precisamente para poder defendernos”, concluyó.

Por su parte, el legislador Rolando Fortino Alcántar Rojas se refirió a las reformas a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato en materia de solución de conflictos y justicia indígena, y precisó que contravenir lo anterior era lo que proponía la iniciativa contenida en el dictamen en discusión.

Argumentó que, al plantear que los conflictos internos y vecinales se resuelvan conforme al derecho nacional, esto es, bajo las reglas del Código Civil y no conforme a sus sistemas normativos, atenta contra el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

“Esta reforma lo que busca es asimilarlos a la figura de personas morales con base en el Código Civil, esto es, al derecho nacional, cuando la asimilación forzada está prohibida por atentar contra los derechos humanos. La iniciativa constituye una renuncia a sus usos y costumbres o sistemas normativos en la solución de sus conflictos internos o de convivencia cotidiana”, finalizó.

Mientras que la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia comentó que su voto era en contra porque defendían la viabilidad jurídica y constitucional de la propuesta que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como personas morales en el Código Civil.

Subrayó que otros estados como Michoacán ya reconocen a las comunidades como personas morales, por lo que cuestionó por qué en Guanajuato no habría de darse ese paso congruente.

Finalmente, argumentó que legislar en favor de la iniciativa que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como personas morales es un acto de congruencia con la Constitución, con el respeto a la diversidad cultural y con la justicia histórica hacia los pueblos indígenas.

“Reconocerlos como personas morales no es un privilegio adicional, sino la herramienta mínima para ejercer los derechos que ya les reconoce la Constitución”, concluyó.

Otras de las propuestas archivadas fue un punto de acuerdo que buscaba exhortar a la gobernadora del estado de Guanajuato, a incluir al municipio de Irapuato entre aquellos municipios de intervención prioritaria en la estrategia de seguridad, así como en las acciones que despliegue el recién creado escuadrón anticorrupción; una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte, a fin de garantizar legalmente que mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, de la tercera edad, de la diversidad sexual y cualquier otra, de clases sociales no visibilizadas, puedan acceder al deporte; una más de reforma a la Ley para las Juventudes del Estado de Guanajuato para abordar el problema de la falta de oportunidades de empleo formal y salarios dignos a los jóvenes; y la última un punto de acuerdo para solicitar a la gobernadora del estado ordenara una serie de medidas para la conclusión de la obra: modernización de la carretera federal 51, tramo San Miguel de Allende―Dolores Hidalgo C.I.N., y el cumplimiento del contrato.