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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre de 2024.- Por unanimidad de 106 votos, todos los grupos parlamentarios del Senado aprobaron, en lo general, la octava reforma constitucional para que los trabajadores puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad.
La reforma constitucional del llamado Plan C que heredó el anterior Gobierno, modifica el artículo 123 de la Carta Magna, en materia de vivienda para las personas trabajadoras y plantea que toda empresa estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a las personas trabajadoras viviendas adecuadas.
Esta obligación se tiene que cumplir mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores.
Este fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes, que permita el otorgamiento de créditos baratos y suficientes para su adquisición o mejora, para la obtención de suelo o para la construcción de vivienda, en los términos que fije la ley.
Con ello, las personas trabajadoras pueden acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad. Además, la mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras.
En cualquier caso se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia; también, la ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Luis Armando Melgar Bravo, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a la construcción de un millón de viviendas en seis años para resolver el déficit habitacional que existe en el país.
El morenista enfatizó que el Poder Legislativo tiene la importante tarea de aclarar en las leyes secundarias, cómo se pondrá en marcha este proyecto y los detalles del financiamiento para que las personas puedan adquirir o arrendar una vivienda.