Campañas en terreno minado/Jorge Robledo

Enarbolando el lema “Es tiempo de valientes”, el candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado el 9 de agosto de 2023.

El periodista y político centraba su campaña en enfrentar al crimen organizado.

Su caso es un ejemplo más de lo vulnerables que son mujeres y hombres que buscan un cargo de elección popular en el mundo, particularmente cuando se atraviesan en la mira de algún grupo criminal o afectan sus intereses.

Las dos últimas elecciones, 2018 y 2021, corroboran lo que analistas y expertos han expresado decenas de veces:

El crimen organizado se ha filtrado en las campañas políticas, inclusive el político Porfirio Muñoz Ledo fue más lejos al afirmar -en una de sus últimas entrevistas- con la periodista Adela Micha, que México es un narcoestado.

Las estadísticas no son alentadoras, particularmente en las dos últimas elecciones: 2018 y 2021.

En datos del séptimo informe de violencia política de la consultoría Etellekt, el proceso electoral 2017-2018 ha sido el más violento en la historia reciente de México con 152 políticos asesinados, de los cuales 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, en ese periodo se documentaron mas de 774 ataques.

El proceso electoral de 2021 en México dejó 102 políticos asesinados, 87 hombres y 15 mujeres. Del total, 36 eran aspirantes y candidatos a distintos cargos.

Es decir que sólo en los comicios electorales de 2018 y 2021, 154 políticos fueron asesinados, más de la mitad eran precandidatos o candidatos.

Un dato importante que reveló la  consultora Etellekt, es que el 90 por ciento de las agresiones documentadas en sus informes fueron contra funcionarios o candidatos del ámbito local y esto lo atribuyó al interés de la delincuencia organizada por controlar políticamente a las localidades, incluyendo el control de sus policías.

También el estudio reflejó que la violencia contra los políticos se concentró en determinados municipios conectados entre sí, lo que implica que se trata de tener el  control local o por regiones.

En lo que va del proceso electoral 2023-2024 (hasta el cinco de enero), han sido asesinados tres precandidatos de la oposición en los estados de Morelos, Colima y Chiapas.

Se trata de dos aspirantes de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por PAN, PRI Y PRD, Alfredo Giovanni Lezama, regidor de Cuautla, Morelos, y David Rey González, aspirante a la Alcaldía de Suchiate, Chiapas, así como Sergio Hueso, aspirante de MC a la Alcaldía de Armería, en Colima.

Es una realidad que a contracorriente del camino por encontrar una ruta de paz, en México existen actores locales y nacionales interesados en intervenir de forma negativa en el proceso electoral, delincuencia organizada y cacicazgos locales, por mencionar dos, que ven en generar violencia y caos la fórmula para lograr sus objetivos.

Por el bien de todos, esta voz se une a los deseos de que las elecciones del 2 de junio de 2024 transcurran en orden y sin incidentes mayores.

Pero por los tiempos violentos que se viven en México, las y los aspirantes no pueden hacerse los héroes, sólo por el ímpetu y el deseo de poder que les puede dar ostentar un cargo de elección popular.

Deben analizar de forma meticulosa su entorno y tener muy claro que al ser elegidos en cualquier municipio o estado del país, entran a un terreno minado en el que, lamentablemente, los intereses políticos y económicos no respetan la vida.