Complejo debate/Paty Sánchez

El presidente de España, Pedro Sánchez, acaba de anunciar cinco medidas para regular las redes sociales, desde la prohibición de las plataformas a menores de 16 años, hasta la implementación de un sistema para medir a aquellas que amplifican el odio y así obtener un ranking de peores a mejores plataformas en relación con la polarización de temas.

Otra de las medidas es que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen origen en sus sitios. La cuarta medida es que se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales; todo aquello que se crea, se promociona y se difunde por determinados actores será investigado en las plataformas que amplifican la desinformación a cambio de beneficios.

La quinta y última medida es que el gobierno español, junto con la fiscalía, trabajarán para investigar y enjuiciar los delitos cometidos por Grok (la inteligencia artificial de X), TikTok e Instagram, como la difusión de material de violencia sexual contra la infancia y, como sucedió hace unas semanas, la difusión de más de tres millones de imágenes de mujeres sexualizadas por Grok. España se ha aliado con otros cinco países europeos para imponer una normativa más estricta y efectiva sobre las redes sociales.

Acciones que, desde su anuncio, molestaron a Elon Musk, dueño de la red social X, quien respondió con insultos a Pedro Sánchez: lo llamó fascista totalitario y tirano traidor por estas medidas contra la impunidad de las redes sociales, que van contra sus directivos para hacerlos responsables legalmente por las múltiples violaciones en las plataformas.

En un espacio como la comunidad virtual es complejo implementar una regulación. Tratar de aplicar una ley para castigar y anular contenidos indebidos que incurran en violencia digital es todo un reto. En la propuesta de Pedro Sánchez se tendrán que implementar sistemas efectivos de verificación de edad para no caer en una ley laxa y garantizar que menores de 16 años no puedan usarlas. Considerar medir y sancionar a plataformas que maximizan contenidos de odio a conveniencia suena bien, pero habrá que seguir de cerca cómo calificarán la polarización de temas, ya que, de quedar a criterio del gobierno español, podría dar origen a censura y atentar contra la libertad de expresión.

Al poner límites sobre las prácticas, suspensión y eliminación de cuentas en estas plataformas, la línea es muy delgada para no afectar a los usuarios de diferentes maneras. Las regulaciones son necesarias debido al tipo de contenido de algunos usuarios, al alcance que tienen con las grandes masas y a los derechos que poseen empresas como Facebook, X o Instagram sobre la información de sus usuarios, pero aún no hay consenso a nivel global sobre cómo debería hacerse esto en materia legal.