Contra la extorsión en año electoral

Muy relevante la reunión de la presidenta Sheinbaum con los mandatarios locales del país para concertar las acciones para combatir al crimen en el marco del Acuerdo Nacional contra la Extorsión. Seguramente la recomendación del encuentro vino del secretario García Harfuch, producto del diagnóstico de que la extorsión crece y afecta a la población por el contubernio entre las autoridades locales y municipales con los criminales. La extorsión, precisamente por no combatir al crimen organizado se volvió un negocio más de los delincuentes y la actividad criminal más rentable. El narcotráfico es de nicho, requiere una compleja y costosa logística, la extorsión es horizontal y está allí mismo, solo necesita intimidar, recaudar y alguna acción violenta ejemplar para amedrentar a los pagadores.

Los gobiernos locales son clave en su combate; el problema es que muchos de ellos se volvieron parte implicada junto con autoridades municipales. La extorsión significa grandes cantidades de dinero que no ingresan a la formalidad de la cuenta pública, es fuente de enriquecimiento del gobernante y se utiliza para fondear el gasto político, las campañas. Antes se extorsionaba a los llamados giros negros o a los negocios irregulares, ahora se ha extendido a todos en muchas partes del país.

Prácticamente todos los municipios tendrán elecciones en 2027 y habrá 17 elecciones de gobernador. Ese es el mayor reto del combate a la extorsión. Los partidos, todos, se han vuelto adictos al dinero. Las campañas no son financiadas con los recursos que otorgan las autoridades electorales; las burocracias partidistas retienen esos recursos y dejan a los candidatos en el abandono. Se asume que tienen la capacidad para costear campañas, pero allí puede surgir la corrupción y la extorsión de ser el caso de un candidato a reelegirse o la compra anticipada de la gestión pública por quienes financian campañas, no siempre empresarios modelo y en ocasiones hasta criminales. Lo peor ocurre cuando las dirigencias partidistas resuelven las candidaturas precisamente por consideraciones estrictamente monetarias.

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