Denuncian huachicol de agua en Trasvase de Guanajuato a San Luis Potosí

GUANAJUATO, Gto., 27 de mayo de 2026.- Un presunto esquema de extracción ilegal de agua en San Diego de la Unión ha encendido las alarmas de la población en ese municipio, localizado al norte del estado de Guanajuato.

Mientras las comunidades del municipio enfrentan una severa crisis de desabasto, camiones cisterna (pipas) foráneos extraen agua de un predio particular para trasladarla al vecino estado de San Luis Potosí, situación que ya desató reclamos de corrupción e indignación ciudadana.

La anomalía fue visibilizada en redes sociales por Anaís Romero, excandidata de Morena a la alcaldía, quien documentó en video el ingreso de pipas con placas de San Luis Potosí y Chiapas a un terreno privado.

En el video, la mujer pregunta a un trabajador para quién labora. El hombre responde que para una empresa ubicada en el libramiento de Santo Domingo; aunque menciona el nombre de la compañía, en la grabación la respuesta es poco audible. La mujer también cuestiona si cuentan con permiso para la extracción y el trabajador responde que no.

El agua que se extrae proviene de un socavón presuntamente habilitado para captar el flujo de la presa El Becerro, ubicada en las inmediaciones de la comunidad El Banquito, en el municipio de San Diego de la Unión.

El punto de extracción se localiza a unos cuantos kilómetros de distancia con el vecino estado de San Luis Potosí.

Contraste e indignación: escasez frente a negocio privado

Para los habitantes sandieguenses, el traslado del recurso representa un golpe directo a su realidad diaria, marcada por el tandeo y la falta de agua en los hogares. Romero arremetió contra las autoridades locales, sugiriendo una presunta complicidad por omisión.

“Lo más grave es que mientras las familias de San Diego batallan todos los días por el agua, el gobierno municipal permite y protege este tipo de actos”.

La excandidata exigió que se muestren los permisos de explotación y las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En respuesta, el presidente municipal de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero (PRI), grabó un video en redes sociales en el que rechazó cualquier vínculo con la operación del predio y atribuyó las denuncias a “campañas políticas adelantadas”.

El edil deslindó a su administración de cualquier operación ilícita, argumentando que el conflicto escapa de la competencia local.

“Es falso e imaginativo. Es un tema entre particulares en el que yo no tengo nada que ver; me enteré apenas el viernes”.

El conflicto en San Diego de la Unión pone de relieve la vulnerabilidad institucional en el manejo de los recursos hídricos en zonas de alta escasez.

Corresponderá a la Conagua inspeccionar el predio, verificar la legalidad de las concesiones y determinar si el traslado interestatal de agua configura un posible delito ambiental en plena crisis hídrica.