Denuncian irregularidades en operativo para rescatar a jornaleros

DOLORES HIDALGO, Gto; 14 de julio de 2025.- Luego de que el pasado 11 de julio fueron rescatados 720 jornaleros que fueron víctimas de presunta explotación laboral, la empresa Agroverdi calificó el cateo como un “montaje” de la Fiscalía de Guanajuato.

Dicha empresa, dedicada a la agricultura y producción de alimentos, denunció una serie de irregularidades cometidas durante el operativo realizado por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, el cual fue encabezado por la Fiscalía de Guanajuato.

José de Jesús Espino, abogado de la empresa, acusó a la Fiscalía de realizar el operativo sin una orden judicial, además de confiscar equipo y documentos de forma arbitraria, además de robar dinero efectivo a los trabajadores y a la empresa.

“La Fiscalía vino y montó un circo. Dijeron que rescataron a 720 personas, pero todos siguen en el mismo lugar, en las mismas condiciones. Nadie fue rescatado porque nadie estaba retenido”, aseguró el litigante durante una entrevista.

Agregó que los jornaleros, provenientes en su mayoría de Guerrero, Chiapas, Tlaxcala y Puebla, llegan de manera voluntaria y organizada durante la temporada de cosecha, a quienes se les ofrece hospedaje temporal, atención médica, guardería y libertad de movimiento.

“No los traemos nosotros. Vienen cada año a trabajar. Si no están a gusto, son libres de irse. Aquí no se explota a nadie”, aseguró.

Enfatizó que los agentes no presentaron una orden de cateo, revisaron los dormitorios, confiscaron dinero en efectivo, servidores de videovigilancia, la nómina quincenal, contratos de exportación, y otros documentos.

“A la gente le robaron su dinero. Donde encontraban efectivo, se lo llevaban. Algunos jornaleros perdieron 500, mil o hasta 2 mil pesos. Eso es lo que tiene a todos molestos”, señaló.

También acusó que la Fiscalía impidió grabaciones del procedimiento y no consultó a los jornaleros si estaban en el lugar por voluntad propia. 

Dijo que Agroverdi tiene más de 15 años operando legalmente en la región y haber sido objeto de inspecciones anteriores por parte de la Secretaría de Salud y autoridades municipales sin que se detectaran irregularidades.