Derechos sexuales y reproductivos/Paty Sánchez

Recientemente, una niña de 11 años volvió a poner en el debate público la pregunta: ¿qué debe hacer el Estado cuando una menor de edad enfrenta un embarazo producto de violencia sexual? El caso ocurrió en Matamoros, Tamaulipas, y no debería convertirse en una discusión sobre moral, religión o ideologías.

La interrupción del embarazo en casos de violencia sexual no es una concesión ni un privilegio. La NOM-046-SSA2-2005, de observancia obligatoria para las instituciones de salud, establece mecanismos para atender a las víctimas de violencia sexual y contempla el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo cuando este sea consecuencia de una violación. La modificación publicada en 2016 eliminó, entre otros obstáculos, la exigencia de una denuncia para acceder a este servicio.

Dicho esto, toda mujer víctima de una violación puede acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En el caso de la menor de Tamaulipas, su edad evidencia una situación de extrema vulnerabilidad y obliga a las autoridades a actuar bajo el principio del interés superior de la niñez. Como finalmente sucedió, la niña pudo acceder a la ILE por conducto de sus padres al ser menor de 12 años.

El tema nos lleva a reflexionar sobre dos aspectos más. El primero es el embarazo infantil, consecuencia de violencia sexual, abuso de poder, coerción o falta de protección. Obligar a una menor a continuar un embarazo puede significar prolongar de por vida las consecuencias de una violencia sin proteger sus derechos humanos.

El otro tema son los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes. La implementación de una formación desde la escuela es necesaria para garantizar su salud integral y autonomía para tomar decisiones libres e informadas sobre sus propios cuerpos, así como para comprender el consentimiento mutuo, dándoles las herramientas para decidir con quién y cuándo relacionarse afectiva o sexualmente.

Los derechos sexuales y reproductivos también promueven sociedades más justas al exigir un trato equitativo entre mujeres y hombres. Los protegen de abusos, discriminación y cualquier tipo de violación. Además, el acceso a anticonceptivos y servicios médicos reduce los embarazos en menores y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y, lo más importante, conocer sus derechos sexuales y reproductivos los empodera para identificar y denunciar el abuso sexual desde los primeros indicios.