Descomplicado

Proteger al mensajero

Asesinato del sacerdote y activista por los Derechos Humanos Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (el domingo pasado), es un acto cobarde e indignante. El crimen organizado no se conformó con su guerra encarnizada entre grupos antagónicos, ahora, también mataron al mensajero. ¿Es tan grande la amenaza que representa la paz?.

El padre Marcelo, de 51 años de edad, de origen tzotzil era reconocido en la región por su activismo, su homicidio se dio casi 40 días después de que encabezara junto con otros párrocos la marcha por la paz en Tuxtla Gutiérrez, cuáles eran las exigencias: Un alto al narcotráfico, los nexos de grupos criminales con políticos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos de pobladores y la destrucción del medio ambiente.

Pareciera que la misión de grupos criminales es eliminar al mensajero que alza la voz por justicia social y paz. 

El homicidio causó indignación en la comunidad internacional, fue calificado como: Inaceptable por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que exigió una investigación exhaustiva y eficaz, también ONU-DH recordó que el padre Marcelo era beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La comunidad jesuita en México también condenó el asesinato del padre Marcelo al puntualizar en un comunicado:  Rechazamos cualquier intento de minimizar estos hechos como casos aislados. El crimen organizado ha sembrado miedo y dolor en diversas regiones del país, y Chiapas no es la excepción. La violencia en esta región refleja un problema estructural que demanda una respuesta integral y urgente del Estado”.

Recordaron los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en junio del 2022 en Chihuahua.

El problema de fondo, es que las autoridades toman el camino fácil, calificando el homicidio del padre Marcelo como un hecho aislado, lo que es falso, no se puede minimizar el ataque sistemático contra voces que denuncian actos o grupos criminales, como es el caso de sacerdotes, activistas, grupos de buscadores de desaparecidos o periodistas. 

La realidad es que hay una exigencia genuina de la ciudadanía para que las autoridades impongan orden y restauren el Estado de derecho en México y debe ser pronto. 

La primera presidenta de México lleva 21 días instalada en el cargo, apenas está tomando las riendas del país, pero las exigencias son mayúsculas, principalmente en la imperante necesidad de imponer la Ley y proteger al mensajero.

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