Descomplicado

Encapsulados

Más de 50 policías de la Ciudad de México encapsularon a manifestantes contra la reforma del Poder Judicial, entre ellas a la jueza Mónica Pérez Arce y tres trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sucedió en el Autódromo Hermanos Rodríguez, previo a la realización del premio de la Fórmula 1.

El objetivo de los manifestantes era hacer visible la protesta contra la reforma al Poder Judicial, en un escenario de proyección internacional. 

El hecho fue condenado por la ONU, a través de Gina Romero, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la libertad de Asociación y Asamblea quien recordó al gobierno de México que el encapsulamiento solo se realiza ante una amenaza inminente.

En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el encapsulamiento sucedió solo pocos minutos y se hizo para garantizar el ingreso al evento. 

No se puede minimizar el hecho, es importante cuestionar quién o quiénes realmente representan una amenaza contra la seguridad en México, lo cierto es que una expresión apegada al derecho constitucional de libre manifestación, por un tema de gran impacto que está en la agenda legislativa no debe, en ninguna circunstancia ser encapsulado, porque se interpreta como un mensaje claro del uso de la fuerza pública para silenciar, si sucede con una jueza, para un ciudadano promedio alzar la voz para exigir sus derechos, resulta inimaginable.   

Guardadas las distancias y con profunda responsabilidad de la referencia, lo que pedimos los ciudadanos, es que la autoridad encapsule a los grupos criminales que, recientemente, han escalado en acciones violentas en diferentes zonas del país, como un total y abierto desafío a la autoridad y al ejército en la lucha por mantener sus territorios de poder, conquistados durante años ante la mirada complaciente de autoridades corruptas.

La tarea es titánica, pues dejaron crecer al monstruo de mil cabezas, lo que no sucedió en un sexenio, sino es la consecuencia de décadas de complicidades entre los responsables de la seguridad y el combate al crimen organizado con los capos de la droga en México. 

Para muestra dos casos trascendentes que se definieron recientemente, que dan cuenta del México violento y corrupto que hemos vivido en los últimos 17 años e ilustran el poder adquirido de grupos criminales: La condena en Estados Unidos de casi 40 años de prisión para Genaro García Luna, el hombre de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón, por aceptar sobornos de poderosos cárteles de la droga que debía de combatir o el comunicado de la FGR que confirmó que Héctor Melesio Cuén, rival político del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya,  fue asesinado en el rancho donde secuestraron a Ismael El Mayo Zambada (el pasado 25 de julio), hundiendo el montaje de la Fiscalía de Sinaloa para simular que Cuén fue asesinado en una gasolinería.

El gobernador Rocha Moya y la Fiscalía de su estado tienen mucho que explicar y, por las tibias reacciones de la federación, parece que le temblará la mano para poner orden en este último caso que ha puesto en llamas a Sinaloa por la lucha entre los chapitos y los mayitos.

La primera presidenta de México está por cumplir su primer mes instalada en el cargo, apenas está tomando las riendas del país, pero las exigencias son mayúsculas, principalmente en la imperante necesidad de imponer la Ley y no encapsular a manifestantes del Poder Judicial, sino a los grupos criminales.