Descomplicado/Jorge Robledo

No cabe en el diccionario

Sobre el caso del rancho Izaguirre, a los políticos en el poder les dolió más el término de: campo de exterminio usado por colectivos, que el hallazgo en sí.  Su orgullo se vio afectado por el qué dirán de México en el mundo.

Los primeros testimonios de sobrevivientes, confirman que el lugar fue una zona de terror, en la que decenas de mujeres y hombres jóvenes, fueron llevados a través de engaños con la promesa de un empleo bien pagado, se les privó de su libertad y después de su vida.

La autoridad federal confirmó que se trataba de un campo de entrenamiento para reclutar y capacitar a nuevos sicarios al servicio de un grupo criminal. Según testigos, quienes se negaban a recibir ese adiestramiento o a seguir las instrucciones eran torturados o asesinados.

Si bien, el concepto que se tiene de un campo de exterminio, nos evoca a la Segunda Guerra Mundial, en referencia de los campos de concentración construidos por el régimen nazi, también llamados campos de la muerte o fábricas de muerte; la realidad en México es que el rancho de Izaguirre fue un campo o fábrica de muerte, como otros más, asegurados en diferentes estados del país.

En la explicación de los responsables de seguridad en México, no alcanza el término de campo de exterminio, porque no hubo hornos para desaparecer los cuerpos de decenas de personas, en su mayoría jóvenes.

Exterminio proviene del verbo: exterminar, que significa hacer que algo o alguien deje de existir y, revisando su origen etimológico, en latín clásico, era sinónimo de desterrar, echar o exiliar, significaba sacar de sus límites o fronteras a alguien; también en escritos eclesiásticos cristianos se refiere a extirpar y luego aniquilar.

En los casos que hemos conocido, a través de testimonios desgarradores, las y los jóvenes fueron sacados de sus límites, buscando una mejor vida por necesidad o por un deseo genuino de explorar nuevas oportunidades, sin sospechar el riesgo que corrían y al final, fueron aniquilados, esa es la brutal realidad.

Por el caso de Teuchitlán, desde palacio de gobierno se ha dicho que nunca se van a confrontar con colectivos de búsqueda, pero sí comentaron que esos grupos son utilizados para la construcción de un discurso que tiene como objetivo golpear al gobierno federal.

Probablemente, desde la oposición se aprovechó la coyuntura para lanzar una costosa campaña en redes sociales; que no sorprende porque su lucha es por recuperar el poder y no por ayudar a la población.

Pero las motivaciones políticas están lejos del legítimo reclamo de colectivos de búsqueda que tienen el derecho de gritar, exigir y, si su dolor y desesperación los lleva al límite, llamar al rancho Izaguirre: campo de exterminio, para provocar esa reacción mundial, para recordarle al Estado mexicano que han fracasado en su primera y esencial responsabilidad: salvaguardar la seguridad pública, la integridad física y el patrimonio de la población.

Si el hallazgo en el rancho Izaguirre no cabe en el diccionario, no es responsabilidad de los colectivos de búsqueda, su problema es que deben transitar entre el narco y las omisiones del Estado, que ha sido incapaz de revertir la crisis de más de 120 mil desaparecidos en México, desde el sexenio de Felipe Calderón.