El arma que nadie quiere ver

Mucho se ha dicho de la solicitud de extradición y de lo que viene a partir del juicio penal en una corte norteamericana que habrá de enfrentar el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve colaboradores y excolaboradores. Nada hay que pueda frenar el sentido de la justicia y todo es cuestión de tiempo. Ya se han entregado dos de los acusados, mientras que hasta el momento el gobierno de México ha optado por no proceder a la detención mientras no se aporten pruebas. La extradición no necesariamente sería el destino; podría darse un proceso penal en México.

En materia procesal y de extradición existen espacios de interpretación que llevan a que el tiempo transite sin que se llegue a la detención o a la entrega de los imputados. La postura del gobierno de México es clara sobre la inocencia, no como presunción, sino como convicción; aunque, más bien, parece ser un juego calculado por lo que pudiera venir más adelante. Si las autoridades conceden ahora, tendrían que hacerlo en lo sucesivo y, como se ha anticipado por los voceros norteamericanos, las acusaciones apenas inician. No se sabe qué pudiera venir y seguramente eso es lo que mueve a las autoridades mexicanas a no conceder la detención para efectos de extradición.

Una explicación posible es que el régimen ha tomado la decisión, desde ahora, de resistir toda imputación de las autoridades norteamericanas, bajo la tesis de que conceder sería el principio del fin del régimen. Sin embargo, hay una vía, eficaz y de inmediata afectación, que nadie quiere considerar, y consiste en la capacidad de las autoridades norteamericanas de obligar, en función de las reglas en materia financiera, a que la UIF ordene el congelamiento de activos y bloqueo de cuentas.

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