El derecho al agua no se reprime

El agua es un derecho humano, no una concesión del poder público ni un privilegio reservado para quienes pueden pagarla. Por eso, cuando miles de ciudadanos salen a las calles para exigir agua limpia, las instituciones tienen la obligación de escucharlos, atender sus demandas y ofrecer soluciones. Lo que nunca puede aceptarse es que una exigencia legítima termine enfrentándose a la violencia de quienes tienen la responsabilidad constitucional de proteger a la población.

Los acontecimientos del pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, deben conducirnos a una reflexión profunda sobre los límites del poder público y el respeto a las libertades democráticas. Miles de personas, entre ellas jóvenes universitarios, estudiantes y familias, se manifestaron para denunciar las condiciones del suministro de agua en sus hogares. Su reclamo era elemental: recibir agua limpia, suficiente y segura, como establece el artículo cuarto de nuestra Constitución.

Sin embargo, aquella movilización terminó en enfrentamientos, detenciones y denuncias de agresiones policiales. Las imágenes y testimonios de jóvenes golpeados, así como los señalamientos de posibles detenciones arbitrarias, provocaron una legítima preocupación pública. El propio gobernador Pablo Lemus reconoció excesos en el uso de la fuerza y detenciones injustas, mientras que diversos agentes fueron sujetos a investigación por su actuación durante el operativo.

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