El Poder Judicial en la democracia constitucional

Ni poder subordinado ni poder de poderes

La reforma judicial abrió uno de los debates constitucionales más importantes de la historia contemporánea de México. Más allá de las pasiones políticas que inevitablemente despierta, existe una pregunta de fondo que ninguna democracia madura puede eludir: ¿quién controla al órgano encargado de controlar a los demás poderes del Estado?

La respuesta no puede ser la impunidad institucional. En una república constitucional todos los poderes públicos, sin excepción, deben estar sometidos al principio de legalidad, a la rendición de cuentas y al escrutinio ciudadano. El Poder Judicial no puede convertirse en la única institución inmune al debate democrático bajo el argumento de la independencia judicial. Independencia no significa ausencia de controles; significa libertad para juzgar conforme a la Constitución y la ley, no para actuar al margen de ellas.

Durante años, amplios sectores de la sociedad observaron con preocupación cómo el Poder Judicial fue acumulando atribuciones que, desde una perspectiva crítica, rebasaban su función constitucional. La Suprema Corte no sólo resolvía controversias jurídicas; en ocasiones sus resoluciones fueron percibidas como decisiones con un profundo contenido de política pública, sustituyendo el margen de configuración democrática que corresponde al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo.

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