El principio del fin

En México se ha prescindido de la legalidad. Son numerosos y repetidos los casos de protección judicial por razones de afinidad política. Desde que López Obrador llegó a la presidencia no ha habido un solo caso de justicia penal con un personaje de relevancia del régimen obradorista. Ninguno es ninguno, y ya van casi ocho años. No existe el código penal o el de procedimientos penales para los grandes criminales o políticos de relieve de factura morenista. Los juicios de corte penal que se han realizado han tenido lugar en cortes norteamericanas. Todavía peor —y esto es central para la soberanía nacional—: el gobierno actual resolvió enviar a criminales —algunos de ellos presuntos, porque no había sentencia— a EU al margen del procedimiento de extradición, bajo el argumento de que en México la justicia y el sistema carcelario no eran confiables; esas fueron las razones del gobierno de México para una acción claramente inconstitucional y constitutiva de delito de traición a la patria. Precedente semejante fue el juicio contra Genaro García Luna, el presidente López Obrador validó el uso de criminales testigos protegidos como prueba para inculpar a un alto funcionario mexicano en juzgados norteamericanos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cazarez y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y otros siete funcionarios o exfuncionarios estatales, han sido acusados formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunta asociación con el cártel de Sinaloa y por delitos de tráfico de drogas y armas.

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