Guanajuato: piden investigar a hijo de exalcalde Navarro por usurpación

GUANAJUATO, Gto., 20 de febrero de 2025.- El diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante de Morena, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación en contra del hijo del exalcalde Alejandro Navarro, y la actual alcaldesa Samantha Smith, por presunta usurpación.

El legislador enfatizó que se debe investigación la usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas, por los hechos acontecidos el pasado 8 y 9 de febrero en el operativo nocturno en el que participaron el DIF municipal, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Fiscalización y la Dirección Jurídica, todos del municipio de Guanajuato.

El congresista indicó que el municipio de Guanajuato está sumergido en una crisis de inseguridad que cada día se agrava más, ya que la violencia ha tomado el control de las calles del municipio, pero que lo peor no es que la inseguridad aumente, sino que quienes deberían hacer algo al respecto siguen sin reaccionar.

“Pero hay algo más grave todavía; en esta lucha contra la inseguridad, hay instituciones que tienen facultades para hacer algo y no las están usando conforme a sus atribuciones y a sus alcances, y una de ellas es el DIF”, resaltó Millán Soberanes.

Además, afirmó que la violencia no solo se combate con balas, se combate con prevención, con atención a las víctimas, con reconstrucción del tejido social e ir atendiendo las causas, y que la seguridad no es solo policías en las calles, sino reconstrucción del tejido social.

El legislador se refirió a un video realizado por el presidente del DIF municipal de Guanajuato, donde se informó sobre un operativo para visitar bares y cantinas, y revisar que no hubiera menores trabajando o consumiendo bebidas embriagantes, sin embargo, en el operativo Saúl Navarro Smith se presentó como si fuera parte de alguna corporación policiaca cuando no lo es, y esa acción es considerada como un delito en el Código Penal Federal, tipificada como usurpación de funciones públicas o de profesión.

“El DIF y su patronato no tienen facultades para ingresar a establecimientos públicos y solicitar credenciales de elector para comprobar la mayoría de edad, es más ni siquiera es facultad de la Dirección de Policía, esa es labor de la Dirección de Fiscalización”, subrayó.

Finalmente, remarcó que el DIF tiene facultades claras, tiene herramientas para intervenir y tiene el deber de actuar, pero siempre apegados a derecho.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.