Guerra por la narrativa

No se trata de una disputa, de una lucha convencional del gobierno y su presidenta por el control de la narrativa lo que mueve dos asuntos que convergen en lo mismo: regular el derecho de las audiencias y la presentación de la lista de los enemigos del régimen. La razón que subyace en ambos asuntos es imponer la narrativa en términos bélicos.

No es una disputa convencional. De hecho, todo gobierno se empeña en prevalecer en su visión del pasado, presente y porvenir. La disputa de ahora es en términos bélicos porque las autoridades plantean eliminar al enemigo o llevarle a la rendición. Regular las audiencias concede al gobierno la potestad no sólo para imponer su verdad, sino para sancionar al disidente a manera de disuadir toda forma de crítica. La autoridad se arroga la condición de última instancia, en términos prácticos, la única, como en materia electoral; el antes es irrelevante; define y manda quien tiene la última palabra.

Guerra porque el régimen político parte de la negación de la coexistencia política, de la pluralidad y del derecho a disentir. No es gratuito que el argumento fundamental de ahora sea la defensa de la soberanía, y que al adversario se le califique traidor a la patria. Tal condición el régimen no la emplea con los criminales asociados al narco, tampoco con los correligionarios en connivencia con el crimen organizado.

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