Impulsa Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato reformas clave

GUANAJUATO, Gto., 7 de julio de 2025.- La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato sesionó abordó una nutrida agenda de asuntos, para el análisis de diversas iniciativas que buscan fortalecer la justicia, proteger a los grupos vulnerables y garantizar la igualdad.

La sesión comenzó con una modificación al orden del día a solicitud de la diputada Susana Bermúdez Cano. Se integró el seguimiento a dos importantes iniciativas: una reforma al Código Penal para ampliar los supuestos del delito de extorsión y sancionar conductas que atenten contra la seguridad personal, y una propuesta para modificar el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para garantizar un acceso igualitario a la justicia. Estos ajustes fueron aprobados por unanimidad.

Como primer punto oficial, la Comisión radicó y aprobó la metodología de análisis de seis iniciativas. Entre ellas, destaca una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y los Animales. Esta iniciativa será remitida a la Fiscalía General, y la diputada Susana Bermúdez Cano solicitó un estudio de impacto presupuestal a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.

Cuatro de las iniciativas presentadas inciden directamente en el Código Penal estatal, abordando temas de gran sensibilidad social. Una busca crear una figura penal autónoma para el transfeminicidio, garantizando justicia para las víctimas de violencias específicas. Otra propone aumentar las penas para delitos cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad.

Una tercera iniciativa enmienda el Código Penal para incluir el principio del interés superior de la niñez, reconociendo y protegiendo los derechos de los menores. La cuarta de estas propuestas penales busca establecer mecanismos de prevención y sanción de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), práctica conocida como terapias de conversión.

Todas estas iniciativas serán enviadas para opinión al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Procuraduría de los Derechos Humanos. La congresista María Eugenia García Oliveros solicitó específicamente incluir la opinión de personas de la diversidad sexual y de género en las propuestas sobre transfeminicidio y ECOSIG. Además, se considerará un estudio de impacto presupuestal para ECOSIG y se solicitará opinión a universidades con carreras afines a psicología y psiquiatría, así como al Frente Nacional de la Familia. La iniciativa sobre el interés superior de la niñez contemplará un proceso de consulta a este sector.

La quinta iniciativa de reforma aborda el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, con el objetivo de incluir a las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como partes procesales, un paso fundamental para la inclusión y el reconocimiento de sus sistemas de justicia. Esta propuesta se enviará al Tribunal de Justicia Administrativa, a los 46 Ayuntamientos y a los Juzgados Administrativos Municipales, y se realizará una consulta al sector afectado.

Para todas las iniciativas, se habilitará una liga en el portal de internet del Congreso del Estado para fomentar la participación ciudadana durante 15 días hábiles. Los entes consultados también tendrán este plazo para remitir sus comentarios. Adicionalmente, todas las propuestas serán enviadas para opinión a la Consejería Jurídica del Ejecutivo y se llevarán a cabo mesas de trabajo para profundizar en su análisis.

La sesión también dio seguimiento a las metodologías de trabajo de cuatro iniciativas de reforma al Código Civil, centradas en eliminar restricciones al matrimonio y garantizar el derecho a la familia para parejas del mismo sexo. Esto implica modificar la definición de matrimonio para ser más inclusiva, eliminar la perpetuación de la especie como requisito esencial, sustituir referencias de marido y mujer por cónyuges o concubinos, y modificar conceptos genéricos. En este punto, se propuso realizar una consulta a las personas con discapacidad.

Finalmente, se acordaron mesas de trabajo para el 10 de julio para la iniciativa que busca definir el concepto de violencia contra las personas adultas mayores en el Código Penal, y para la propuesta de reforma al Código Civil sobre la vigencia y efectos post mortem del mandato especial irrevocable. La iniciativa para ampliar el delito de extorsión tendrá mesas de trabajo internas, y la mesa para la propuesta de garantizar el acceso igualitario a la justicia administrativa quedó fijada para el 15 de julio. La sesión contó con la presencia de las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta), Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, así como el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas.