Intentos fallidos/Paty Sánchez

En un afán de alcanzar la equidad de género en candidaturas, el Tribunal Electoral del estado de Jalisco emitió resoluciones relacionadas con la conformación de candidaturas para el proceso electoral 2026-2027.

El fallo establece que en 18 municipios de Jalisco las candidaturas a presidencias municipales deberán ser encabezadas por mujeres atendiendo al principio de paridad de género, pero en Zapopan resulta totalmente contradictorio, en ese municipio el tribunal añadió el criterio que restringe la participación a grupos en situación de vulnerabilidad muy específicos. Las candidaturas en Zapopan deberán ser exclusivamente para mujeres que pertenezcan a 3 grupos: indígenas, de la diversidad sexual o con discapacidad.

Si bien son grupos históricamente vulnerados o discriminados, la resolución excluye a todas las demás mujeres y vulnera sus derechos político-electorales plasmados en los Artículos 1, 4 y 35 de la Constitución Mexicana, particularmente el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en condiciones de igualdad.

Por un lado es importante poner en principio la interseccionalidad, categorías como el sexo, género, etnia, clase social, orientación, pero por otro lado resulta sin fundamento ni sentido una resolución como esa, que es exclusiva para mujeres de grupos vulnerables pero deja fuera a todas las demás.

Los intentos de paridad de género pueden enfrentar obstáculos significativos, resultando en ocasiones simulaciones o contradicciones, sobre todo en el ámbito político y laboral.

Un ejemplo de hace ya varios años, es el caso de las "Juanitas", algunos partidos políticos registraron a mujeres como candidatas propietarias, pero tras ganar la elección, las obligaban a renunciar para que asumiera el hombre que iba como suplente.
Otro ejemplo es cuando los partidos cumplen con la paridad numérica en las planillas pero asignan a las mujeres los puestos de menor relevancia o de baja probabilidad de ganar, lo que se conoce como paridad vertical, limitando su acceso real al poder.

Para garantizar el acceso real de las mujeres a la política es necesario incluir la perspectiva de género en la implementación de las leyes, es necesaria para acabar con la simulación y acciones disfrazadas de paridad que no aseguran que mujeres preparadas con capacidad y experiencia lleguen a gobernar, de lo contrario solo tendremos intentos fallidos.