Japón despliega al ejército ante ola de ataques de osos

LEÓN, Gto., 6 de noviembre de 2025.- El gobierno japonés ordenó el despliegue de tropas en la prefectura de Akita, al norte del país, ante el aumento de ataques de osos pardos y negros asiáticos, que han provocado temor en comunidades rurales y urbanas.

Desde abril, las autoridades han contabilizado más de 100 personas heridas y al menos 12 fallecidas por encuentros con los animales, que se aproximan a zonas habitadas en busca de alimento previo a su hibernación.

Operativo sin armas de fuego

El Ministerio de Defensa y el gobierno local acordaron que los soldados no portarán armas letales, sino que colocarán trampas, asistirán a cazadores y apoyarán el traslado de ejemplares muertos. La medida busca contener los ataques sin alterar el equilibrio ecológico.

“La situación se ha vuelto crítica. Los osos invaden diariamente las áreas residenciales y su impacto se expande”, declaró Fumitoshi Sato, secretario adjunto del gabinete japonés.

En la ciudad de Kazuno, donde comenzó la operación, los militares han instalado trampas en huertos y zonas boscosas, equipados con aerosoles disuasivos y redes de captura. Agricultores reportan daños severos: algunos, como el productor Takahiro Ikeda, perdieron hasta 200 manzanas listas para la cosecha.

Una crisis que refleja el envejecimiento rural

Expertos atribuyen el incremento de los ataques a la reducción de la población humana en las zonas rurales y a la falta de cazadores jóvenes. Con una población nacional envejecida, cada vez hay menos personas capacitadas para controlar a los animales.

El país estima que habitan más de 54 mil osos en su territorio, principalmente en regiones montañosas. En Akita, una de las áreas más afectadas, se registraron más de 50 ataques desde mayo, cuatro de ellos fatales.

Hacia una respuesta nacional

El gobierno japonés anunció la creación de un grupo de trabajo para diseñar un plan de acción nacional antes de mediados de noviembre. Entre las medidas contempladas están los monitoreos con tecnología de detección, sistemas de alerta temprana y capacitación de “cazadores del gobierno”.

Las autoridades locales han calificado la situación como un problema de seguridad pública sin precedentes, y subrayan que el objetivo no es eliminar a los animales, sino restaurar la convivencia segura entre comunidades y fauna silvestre.