De la ola al tsunami azul/Alejandro Verduzco
El viernes pasado, en la Cámara de Diputados, la discusión sobre el sistema de salud mexicano terminó convertida en un espectáculo político. Gritos, acusaciones, empujones y hasta un micrófono arrebatado marcaron la comparecencia de los principales responsables de la salud pública del país.
El protagonista fue el diputado federal por Guanajuato, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien acusó a Morena de organizar una comparecencia a modo para proteger a los funcionarios federales de los cuestionamientos de la oposición. Su protesta desató un enfrentamiento con el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, y terminó con el abandono de la sesión por parte de legisladores del PAN y del PRI.
Las formas del legislador son cuestionables. El Congreso debe ser un espacio de debate, no de confrontaciones físicas. Pero sería un error quedarnos solamente con el escándalo del micrófono y olvidar lo verdaderamente importante: ¿Qué está pasando con el sistema de salud en México?
Porque detrás de aquella discusión existen cuestionamientos que merecen respuestas. Ramírez Barba denunció una reducción de 824 claves en el catálogo de medicamentos, presuntos adeudos millonarios a proveedores, problemas en el ejercicio de recursos y deficiencias en la atención médica. También señaló que millones de mexicanos carecen de acceso efectivo a servicios de salud y que el gasto de las familias para atender enfermedades continúa siendo una preocupación.
Son señalamientos que requieren contrastarse con información oficial, auditorías y resultados verificables. Pero no pueden descartarse simplemente porque provengan de un legislador de oposición.
Y mientras los políticos discuten en San Lázaro, afuera de los hospitales la realidad también está hablando.
Hace apenas unas semanas, médicos y trabajadores del IMSS se manifestaron en León y Celaya. Exigieron mejores condiciones laborales, salarios dignos, medicamentos, materiales y personal suficiente para atender a los derechohabientes. Una médica de la Unidad de Medicina Familiar 47 describió la saturación que enfrentan y las dificultades para brindar atención.
No estamos hablando solamente de inconformidades sindicales. Estamos hablando de profesionales de la salud que advierten que las condiciones en las que trabajan afectan directamente a los pacientes.
Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, ha presentado cifras que muestran una institución en crecimiento: más trabajadores, infraestructura, consultas, cirugías y una inversión anunciada de 11 mil 745 millones de pesos para mejorar servicios y condiciones laborales. También se informó de un incremento salarial del 8% y nuevas acciones para reducir los tiempos de espera.
Es importante reconocer esos esfuerzos. Sería injusto negar que el Seguro Social atiende diariamente a millones de mexicanos y que su personal sostiene una operación extraordinariamente compleja.
Sin embargo, una cosa es ampliar la capacidad institucional y otra garantizar que esa capacidad se traduzca en atención oportuna y de calidad.
El propio secretario de Salud, David Kershenobich, reconoció ante los diputados que las reformas realizadas a lo largo de los años no han conseguido resolver la fragmentación del sistema sanitario. Esa declaración debería preocuparnos tanto como cualquiera de las denuncias de la oposición.
México ha transitado por distintos modelos de atención, instituciones que desaparecen, otras que se crean y estrategias que prometen transformar los servicios. Pero el ciudadano común no debería necesitar entender el organigrama del Gobierno para saber dónde puede recibir atención médica.
La salud no puede medirse exclusivamente por el número de consultas otorgadas, las inversiones anunciadas o los hospitales inaugurados. También debe evaluarse por los medicamentos efectivamente entregados, las cirugías realizadas a tiempo, la disponibilidad de especialistas y, sobre todo, por las personas que reciben atención cuando la necesitan.
Ahí está el verdadero indicador.
Y en medio de este escenario, el país se aproxima a las elecciones de 2027. Sería deseable que la salud ocupara un lugar central en el debate público, pero no como instrumento de confrontación partidista, sino como una obligación compartida de quienes gobiernan y legislan.
Porque la responsabilidad no corresponde exclusivamente al Gobierno Federal. Los gobiernos estatales, los legisladores, los organismos de salud y las organizaciones sindicales también tienen obligaciones que cumplir.
Lo que necesitamos es menos propaganda y más evaluación; menos enfrentamientos y más transparencia; menos promesas y mejores servicios.
La comparecencia del viernes dejó una imagen que resume buena parte de nuestras contradicciones: políticos disputándose un micrófono mientras los problemas de la salud pública esperan respuestas.
En San Lázaro se pelearon por el derecho a hablar. En los hospitales, miles de mexicanos siguen luchando por el derecho a ser atendidos.
Y hay una diferencia fundamental: en el Congreso está en juego el debate político; en los hospitales, muchas veces, está en juego la vida.
La salud de los mexicanos no puede seguir esperando a que los políticos se pongan de acuerdo.
Porque la salud no se cura con discursos. Se atiende con recursos, capacidad, responsabilidad y resultados.