Reforma judicial deja sin protección a periodistas: Jan Albert Hootsen
CIUDAD DE MÉXICO, 22 octubre 2024.- La Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de un documento manifestó a la opinión pública y a los tres Poderes de la Unión, su preocupación ante los hechos que acentúan una polarización en torno al marco legal y a la armonía entre los distintos poderes del país.
Como primer punto basados en los Fundamentos de su Nación y Doctrina Social, reconocen que México es un gran país que no se inventa, una y otra vez, con la llegada de nuevas administraciones.
“La grandeza de México como Nación estriba, entre otras cosas, en su capacidad probada de darnos un ‘ordenamiento jurídico’ e ‘instituciones’ que aseguren un mínimo de civilidad, así como una dirección de progreso, ambas condiciones necesarias para garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los mexicanos”, señalan Obispos.
Este ordenamiento institucional, sustentado en el respeto a la dignidad inalienable de la persona humana —principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia—, es el que hace posible la promoción del bien común, la solidaridad y la justicia social.
En el segundo punto, sobre la Reforma Judicial, consideran que la Reforma Constitucional al Poder Judicial que está en curso debe ser más ampliamente discutida y analizada por parte del Poder Legislativo, siguiendo el principio de subsidiariedad, pilar fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que reconoce y promueve la participación de todos los actores sociales en las decisiones que afectan a la comunidad.
Esto implica:
En el tercer punto del documento, los Obispos mexicanos invitan a la reflexión y al bien común. “Como pastores, recordamos que el respeto al Estado de Derecho no es solo una necesidad política, sino una exigencia ética fundamental que emana de la dignidad humana y del bien común”, precisan.
La doctrina social de la Iglesia nos enseña que:
“La falta de diálogo y acuerdo entre los diversos poderes del Estado respecto a las disposiciones judiciales puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional, comprometiendo la confianza en nuestro país y amenazando la estabilidad del Estado de Derecho”, comentan.
En el cuarto y último punto, hacen un llamado a la acción y la esperanza, a través de un exhortó a todos los actores políticos y sociales, inspirados en los principios de la doctrina social de la Iglesia.