Los rumores sobre FIDESSEG, confirmados/Paulino Lorea

Lo que inició como una buena obra y con las mejores intenciones, como lo fue el crear un fondo de recursos económicos implementado mediante un mecanismo recaudador como impuesto a la nómina, con el acuerdo entre empresarios y gobierno estatal para ayuda y auxilio a causas altruistas de la sociedad civil, a través de organizaciones establecidas y registradas, terminó en algo decepcionante y de fracaso, porque una de las características principales lo sería su manejo por la propia iniciativa privada a través de un Fideicomiso al que se denominó “Fideicomiso de Administración e Inversión para el Desarrollo Social y la Seguridad Pública del Estado”, reduciéndolo para su identificación a FIDESSEG.

Algo que con el tiempo se tergiversó o se malinterpretó por los líderes empresariales del Estado de Guanajuato fue que ese fondo lo contextualizaron como un fondo de sus propios recursos económicos, porque ellos lo aportaban en acuerdo con las autoridades estatales; no obstante, no reparaban que esos recursos ingresaban al erario vía impuesto a la nómina y no de aportaciones de filantropía directa de ellos, lo que significaba que esos dineros ya cobraban el carácter de fondos públicos gubernamentales y después se aportaban al fideicomiso en un segundo acto, por voluntad de la administración estatal.

De cualquier manera, así estuvo funcionando y para ello se crearon dos órganos o entes para administrar y distribuir los fondos uno denominado “Actuando por Guanajuato” y otro “Santa Fe Guanajuato”, con titulares netamente empresariales.

Cada año se seleccionaba a los beneficiarios de la asignación de esos fondos primeramente registrados y acreditados y con previa solicitud. Las políticas para su selección y montos las desconocemos. Ahora que conocemos las listas y montos, aún nos sorprendemos y no logramos descifrar por qué tanto dinero, a unos y menos a otros cuantiosas cantidades, y, a organizaciones que a nuestro parecer no eran viables, para asignarles esos recursos.

El problema, a base del transcurso del tiempo, se suscitó desde el año pasado en el cual, fue tal el cúmulo de actos muy visibles a la administración de esos recursos que en pláticas sociales, familiares, en el quehacer profesional y en general se comentaba de cómo “se repartía el pastel” y los desvíos que había; el uso para adquirir vehículos que deberían ser modestos y utilitarios para las actividades propias de esas asociaciones, y sin embargo, eran vehículos de gama más costosa y de mayor lujo, se comentaba de sueldos altos y de muchos familiares de los directivos y empresarios involucrados. Nada se podía corroborar y sólo quedaban rumores. Aunque los vehículos si eran lo más visible, pero cuando comentábamos entre amigos esa circunstancia, no faltaba el identificado con los empresarios que rebatía: “pero es legal, ahí está acreditada la compra”; “además es dinero aportado por nosotros”; “ya los han auditado y están justificados todos los gastos”; en vano nuestros argumentos de afirmarles, sí está comprobado contablemente, pero no moralmente.

Con el sorpresivo Decreto que extinguió dicho fideicomiso, para que los recursos económicos continuaran beneficiando a las organizaciones sociales solicitantes, emitido por la actual administración estatal encabezada por Libia García, pero ya bajo la tutela del propio Estado, vino una guerra de juicios de amparo por parte de los organismos empresariales en contra del gobierno estatal, y algunos jueces federales confundidos y despistados con el engranaje administrativo y origen de los fondos, creyendo eran recursos directos de los empresarios y no de impuestos (recursos netamente del erario estatal) concedieron suspensiones, en nuestro concepto improcedentes; o quizás por la falta de asesoría de un Despacho Jurídico privado al propio gobierno estatal que asesorara, reorientara y dirigiera con mayor acierto sus informes previos y justificados y sus argumentos y fundamentos a la autoridad judicial federal para tener mejor éxito.

Ahora que surge la información de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato sobre el FIDESSEG, detectando y comprobando fallas administrativas y estructurales por más de doscientos millones de pesos (Periódico A.M. primera plana. Sección A. 27/junio/2025), salvo las aclaraciones pertinentes, se corrobora lo que se rumoraba. Esperemos que esto termine esta guerra entre empresarios contra gobierno estatal que no conviene a nadie, y prive la cordura, olvidando ya esa mala experiencia que demostró la ambición y la codicia propias de la naturaleza humana.