La ultra en el poder
El avance de las mujeres hacia un plano más igualitario se mide por el acceso al mercado laboral, a fuentes de empleo redituables y bien remuneradas, entre otros factores.
La quinta edición de Estados #ConLupaDeGénero del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) evalúa las condiciones que ofrecen las 32 entidades del país para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral. El índice está integrado por 16 indicadores agrupados en tres pilares: Entrada al mercado laboral, que mide factores como escolaridad, embarazo adolescente y distribución del trabajo de cuidados; Permanencia, que analiza calidad del empleo, brecha salarial, acceso a servicios de cuidado infantil y permisos de paternidad; y Autonomía económica, que evalúa ingresos propios, acceso a activos y capacidad de generar patrimonio. Este último es, por demás, importante para que las mujeres que viven en un ciclo de violencia puedan salir de él.
Dentro de los avances, 15 estados mejoraron su posición respecto a 2025, 12 retrocedieron y cinco permanecieron sin cambios. El mejor desempeño nacional corresponde a Baja California Sur, mientras que Oaxaca ocupa el último lugar por segundo año consecutivo.
Guanajuato es una de las entidades que presenta un panorama considerablemente menos favorable. Ocupa el lugar 27 de las 32 entidades en el índice general. Aunque la participación económica femenina (46.2 %) es ligeramente superior al promedio nacional, las condiciones para que las mujeres permanezcan y progresen en el mercado laboral siguen siendo limitadas. Enfrentan rezagos importantes en autonomía económica y calidad del empleo; persisten obstáculos relacionados con los cuidados, el acceso a ingresos y las oportunidades laborales de calidad.
En el caso de Jalisco, la situación presenta más avances. Se ubica entre las entidades con mejores condiciones para la participación económica de las mujeres, formando parte del grupo de estados con desempeño alto. Cuenta con mejores condiciones para la autonomía económica respecto al promedio nacional, mayor acceso de las mujeres a ingresos y patrimonio, así como indicadores más altos en educación y participación laboral femenina. Sin embargo, continúa existiendo brecha salarial.
En ambos estados, Guanajuato y Jalisco, así como en el resto del país, la principal barrera es la distribución desigual de los cuidados familiares. Es insuficiente la cobertura de servicios de cuidado infantil y se recomienda ampliar los permisos de paternidad, lo que ayudaría a redistribuir las responsabilidades de cuidado.
Las mujeres dedican 58 % más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral para cuidar a alguien son mujeres y solo 38 % de las niñas y los niños de 0 a 5 años están inscritos en algún centro de atención infantil.
Al final, se puede concluir que existe carencia de sistemas estatales de cuidados, no hay presupuesto específico para políticas de cuidados y los permisos de paternidad son limitados. Si se desea avanzar en otros temas, como la paridad en candidaturas, se debe caminar en paralelo con una igualdad integral y sustantiva; de lo contrario, la capacidad de las mujeres para participar activamente en la política se ve condicionada por factores estructurales, especialmente por la carga desproporcionada de labores de cuidados, que incide directamente en las posibilidades de que las mujeres desarrollen y sostengan trayectorias políticas y de liderazgo significativas.