México trucado/Jorge Robledo

En México, como en muchos países del mundo, los programas sociales son la base para que los gobiernos en turno intenten mantener el poder, buscando entre la población más necesitada su mercado cautivo de votos.

El 25 de enero pasado, el coordinador general de Programas de Bienestar, Carlos Torres Rosas, anunció que se ha dado una inversión sin precedentes de 2.73 billones de pesos durante el gobierno de la cuarta transformación.

A casi ocho meses de finalizar el gobierno de López Obrador, hay indicadores que permiten evaluar resultados, por ejemplo, en datos del Coneval, de 2018 al 2022, la población en situación de pobreza disminuyó del 41.9 por ciento al 36.3 por ciento, es decir, 5.6 por ciento, al pasar de 51.9 millones a 46.8 millones, sin embargo, en el rango de pobreza extrema, en el mismo periodo, se incrementó el número de personas de 8.7 millones a 9.1 millones.

Pero, en materia de programas sociales ¿cuál es el camino correcto?

A principios del siglo XX, en México se optó porque el Estado tuviera la obligación de prestar ayuda a las víctimas de las injusticias sociales y protegerlas de la parte obscura del libre mercado.

Entonces los discursos de la justicia social se apartaron de principios morales y se fundamentaron en el deber del Estado, así nacieron las políticas de seguridad social.

Para la década de los 80 con el auge del neoliberalismo, que tuvo su época de esplendor en el sexenio de Carlos Salians de Gortari (1988-1994), se manejó un discurso en el que derechos a la salud, la educación, los mecanismos de redistribución y todo lo que oliera a público eran generadores de déficits que llevarían al país a la quiebra, promoviendo su desmantelamiento.

Las crisis económicas de 1976, 1982 y -particularmente- la de 1994, que terminó en rescate bancario multimillonario a costa de la población, nos dan cuenta clara de que el rumbo elegido durante décadas no ha sido el mejor ni el más eficiente y, sobre todo, no sacó a millones de mexicanos de la pobreza.

Lo cierto es que la clase política ha creado un México trucado, que significa disponer o preparar algo con ardides o trampas que produzcan el efecto deseado (Fuente: RAE), en este caso privilegiar a la clase política en el poder, manteniendo y acrecentando su riqueza con corrupción e impunidad.

¿La cuarta transformación descubrió el hilo negro?, no. La realidad es que la paternidad de programas sociales que han sido bandera de diferentes gobiernos es relativa, pues a lo largo de la historia vemos como solo cambian de nombre, por ejemplo:

La pensión para adultos mayores existe en la CDMX desde 2001, después se implementó en toda la República en el sexenio de Vicene Fox, el programa Progresa pasó a ser Oportunidades y para el 2014 se convirtió en Prospera, siempre con el mismo objetivo: romper el ciclo de pobreza extrema en México.

Si comparamos los últimos cinco sexenios, pasando por gobiernos rojos, azules y guindas, podemos sacar dos conclusiones:

Destinar recursos importantes para programas sociales no ha llevado al país a la quiebra, como rezaban los impulsores del neoliberalismo y -segunda conclusión-, pese a que los recursos directos que se otorgan a las personas en los programas sociales, sí inciden en reducir los niveles de pobreza, no son un camino ascendente para resolver el problema de fondo y los mismos indicadores lo comprueban manteniendo, por años, a más de 30 millones de mexicanos flotando en diferentes rangos de pobreza.

Podemos ver a la luz del sentido común que los programas sociales en países como México son necesarios pero, que también  son un mecanismo de compra de voluntades, por eso es tan importante que la sociedad civil no entregue una cheque en blanco a la o el próximo presidente, los programas sociales deben estar blindados  para dejar de tener un México trucado.