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GUANAJUATO, Gto., 17 de enero de 2026.- Diputadas y diputados de Morena, junto con una legisladora del Partido del Trabajo, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la autorización de deuda pública por hasta 4 mil millones de pesos, aprobada por el Congreso local al Gobierno del Estado.
La impugnación se dirige contra disposiciones contenidas en los Decretos 164 y 165, al considerar que permiten contratar financiamiento sin establecer con precisión el destino específico de los recursos.
De acuerdo con el recurso promovido, la solicitud del Ejecutivo estatal incluyó únicamente rubros generales como educación, salud, seguridad, movilidad y desarrollo social, sin detallar obras concretas, metas verificables ni proyectos ejecutivos.
Los promoventes sostienen que esta omisión impediría fiscalizar de manera efectiva el uso del crédito público.
Asimismo, cuestionan la autorización de “movimientos compensados” entre partidas presupuestales, mecanismo que, afirman, debilita el control legislativo y podría permitir reasignaciones discrecionales.
Mientras la SCJN resuelve el fondo del asunto, las normas impugnadas permanecen vigentes. El Gobierno del Estado ya inició un proceso de licitación para contratar tres créditos, con plazos de pago de hasta 20 años, respaldados con participaciones federales futuras.
Morena y PT argumentan que, de prosperar la acción, se sentaría un precedente para que cualquier autorización de deuda pública deba aprobarse con:
El recurso fue promovido por legisladores que representan al menos el 33 por ciento de la integración de la LXVI Legislatura, conforme a lo establecido en el artículo 105 de la Constitución federal.
La Corte admitió el documento recibido el 26 de enero de 2026, iniciando el análisis correspondiente.