Niñas, no madres/Paty Sánchez

Hace una semana el Congreso del Estado de Guanajuato rechazó la despenalización del aborto con 19 votos en contra y 17 a favor, con lo que la iniciativa queda en la congeladora, decisión que contradice la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021 que establece que criminalizar el aborto va en contra de la constitución. Actualmente son 24 estados que acataron el fallo y reformaron sus códigos penales pero el resto continúa criminalizando a quienes interrumpen su embarazo: Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Tlaxcala. 

El que se siga penalizando el aborto en México significa violentar los derechos humanos de mujeres y niñas que se encuentran en la necesidad de acceder a la interrupción del embarazo, de acuerdo a la organización civil Equifonía casi 15 mil niñas de entre 9 y 14 años quedaron embarazadas en 2023 y los primeros nueves meses de 2024 con información de la Secretaría de Salud, en su mayoría víctimas de violencia sexual y pederastia, 15 mil menores que debieron ser niñas no madres, orilladas a una maternidad forzada que en algunos estados incluso donde es legal la interrupción del embarazo en la práctica se les impide.

El protocolo establece que cuando los hospitales públicos reciben a una niña embarazada, deben notificar a las fiscalías por un delito sexual y a las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para revisar una posible omisión de cuidados y asumir la tutela de la víctima. Diferentes ordenamientos establecen que todo embarazo en menores de 15 años es producto de violencia sexual, la Norma 046 y la Ley General de Víctimas señalan que cuando una niña es víctima de violencia sexual y producto de ello se tiene un embarazo ellas pueden acceder a la interrupción voluntaria.

Recientemente la ONU condenó a Guatemala por violar los derechos humanos de Fátima al negarle el acceso al aborto y obligarla a un embarazo y maternidad forzada cuando tenía apenas 14 años tras ser víctima de violencia sexual reiterada por el exdirector de una guardería pública a la que asistía. Este no ha sido el único caso de condena, también están los testimonios de Nicaragua y Ecuador donde Susana, Lucía, Norma y Camila de Perú, niñas que su situación fue llevada hasta la ONU para sentar un precedente de acceso a la justicia.

Por ello es tan importante que se despenalice el aborto, para que quienes se encuentren en la necesidad de hacerlo no sean criminalizadas y llevadas a prisión, hay una urgencia de parte de la Organización que no basta con la condena, señala que es necesario garantizar acceso a servicios de salud reproductiva y fortalecer protocolos para el aborto, emprender acciones para prevenir la violencia sexual y acceso a educación sexual integral, crear una política pública de reparación para sobrevivientes de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada con educación, salud y acompañamiento psicosocial. Y el aspecto más importante, capacitar al personal de salud para llevar éstas prácticas, así como en temas de género, derechos de la niñez y humanos, para que las niñas de nuestro país solo se puedan ocupar de ser eso, niñas y  no madres.