No nos vamos a rajar/Jorge Robledo

Dijo el presidente López Obrador en la conferencia matutina: no nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar, refiriéndose a defender su postura de desaparecer los órganos autónomos en México.

El próximo 5 de febrero  presentará un paquete de reformas constitucionales en el que busca desaparecer, en caso de aprobarse, una decena de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acesos a la Información y Protección de Datos (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Su postura se basa en que esos organismos se crearon para proteger a particulares y cuestionó: ¿se meten con los monopolios del cemento, de las telecomunicaciones o de los bancos?, no.

Lo que dice el presidente es cierto, durante  décadas algunos de esos organismos han sido esbirros de las cúpulas del poder, pero eso no significa que todos deben estar condenados a la extinción, los órganos autónomos fueron creados para garantizar la comeptencia sana entre distintos sectores económicos (como Cofece e IFT), pero también han servido como contrapesos a las decisiones del poder, desde un ángulo técnico y jurídico.

También es verdad que México no alcanzó, de la noche a la mañana, la fama de ser una nación con altos niveles de corrupción, fue un trabajo sistemático de las cúpulas de poder durante varios sexenios.

Volviendo a los argumentos del presidente López Obrador para justificar su decisión, señaló, por ejemplo, que el INAI ha servido para ocultar información y legitimar robos.

En datos del Informe de labores 2022 del INAI, la negativa del gobierno a las solicitudes de acceso de información de los ciudadanos aumentó casi 17 por ciento, entre 2021 y 2022, lo que deja ver que la transparencia les incomoda.

En tres sexenios, (del 2000 al 2018) se han develado varios escándalos de  corrupción como las partidas del Ramo 23 destinada para moches, el Pemex- gate, toalla-gate y Wal-Mart-gate en la era de Fox. Con Calderón el pago de sobornos a funcionarios por la multinacional Suiza ABB o al IMSS por la empresa Orthofix, así como Odebrecht, que continuaría durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, además de la casa blanca de la Gaviota y La Estafa Maestra.

Los casos enunciados, dan cuenta de los altos niveles de corrupción que hubo en dos gobiernos panistas y uno priísta pero, todo parece indicar que también está sucediendo durante el gobierno de la 4T, que por cierto, en el caso Odebrecht, el gobierno obradorista ha sido incapaz de exhibir culpables desde la extradición del exdirector de PEMEX Emilio Lozoya, en el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica.

Durante el actual sexenio, investigaciones periodísticas han exhibido presuntos casos de corrupción que apuntan a los hijos del presidente, como la casa gris en Houston, de José Ramón López Beltrán, o redes de tráfico de influencias que involucran a amigos de Andrés López Beltrán.

En datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, durante el primer año del gobierno del presidente López Obrador se entregaron contratos por asignación directa que superan los 147 mil millones de pesos.

Definitivamente, se deben de revisar con lupa los presupuestos millonarios que se asignan a organismos autónomos y colocar candados eficientes para que sus fondos no paguen cirugías estéticas, viajes de placer o visitas a centros nocturnos, pero eso está lejos de querer desaparecerlos, pretenderlo y lograrlo sería un retroceso para la democracia participativa en México.

En este punto del camino, defensores de derechos humanos, las ONG y periodistas, no nos vamos a rajar.