Agave y Tequila/Alejandro Verduzco
Son muchas las insuficiencias básicas del obradorismo como opción de régimen político. No faltarán quienes se abonen en los programas sociales de corte clientelar y el incremento de los salarios mínimos para justificar el trágico curso del país. Una economía que no crece socialmente es condena, y la impunidad, mal que viene de muy lejos, con López Obrador se exacerbó por la amenaza que representa el giro punitivo del vecino del norte. Su gobierno da cuenta de un rosario de muy desafortunadas decisiones; lamentablemente muchas se han reproducido en la renovación de gobierno, el segundo piso de la tragedia nacional.
Hoy el porvenir nos alcanza y de la peor forma. La impunidad no solo expone al país ante EU resuelto a ejercer la justicia que nosotros abandonamos. La cuestión es que lo hace a su modo, con sus reglas, con su agenda y, desde luego, bajo su interés, por cierto, ajeno a las libertades y a la democracia, como en Venezuela con la vuelta del chavismo del populismo al colaboracionismo. La Estrategia Nacional de Control de Drogas de 2026 publicada este 5 de mayo es un documento para considerar y el mensaje es concluyente: cooperación o acción unilateral en el marco de la lucha contra el narcoterrorismo, EU como policía y juez hemisférico.
Es fundamental entender a los norteamericanos, más allá de Trump y los republicanos. Así es por dos consideraciones políticas y de carácter legal. Para empezar con estas últimas, son las autoridades quienes realizan las imputaciones y bajo un pedimento con las formalidades de la relación bilateral. La lectura del documento en el que se solicita al gran jurado el inicio del proceso penal contra los diez mexicanos imputados es convincente porque contiene elementos suficientes para iniciar el caso penal. No es el juicio, sino el argumento legal para que las autoridades mexicanas procedan a la detención y posterior extradición. Solicitar pruebas concluyentes es materia del juicio, no del momento procesal inicial.
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