Ponen bajo la lupa operativo de desalojo en San Juan de Abajo

GUANAJUATO, Gto; 4 de septiembre de 2025.- El desalojo que sufrieron los habitantes de San Juan de Abajo y el cierre que hicieron de la carretera, motivó al diputado de Morena, David Martínez Mendizábal a presentar un punto de acuerdo para exhortar a la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo para analizar la legalidad de las acciones emprendidas en dicho desalojo del día 14 de julio del 2025.

La solicitud también pide a la mandataria estatal que instruya al Instituto de la Vivienda del Estado de Guanajuato (IMUVI) a que realice un diagnóstico estatal de los predios irregulares, su estatus y establezca las medidas preventivas para evitar conflictos sociales.

Así también pidió exhortar a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, para que continúe las mesas de negociación con la representación de los colonos de San Juan de Abajo con el fin de asegurar certidumbre para evitar los actos de desalojo, la regularización de los predios y la dotación de servicios públicos.

Martínez Mendizábal, rememoró que el pasado 29 de agosto de 2025, habitantes de San Juan de Abajo, municipio de León, lo buscaron en su casa de enlace para exponer una problemática que proviene de décadas y que se empeoró tras los desalojo ocurridos el 14 de julio de 2025.

Contó que 12 familias de las calles San Rafael, Santa Cristina y San Octavio, colonia San Joaquín, ubicada en el polígono de San Juan de Abajo en León, fueron desalojadas y sus viviendas derrumbadas por encontrarse en un predio irregular.

Aseguró que las gestiones vecinales no han derivado en una mesa interinstitucional eficaz ni en medidas preventivas para evitar nuevos actos de desalojo.

Expuso que el IMUVI informó que ya son 132 los fraccionamientos que no cuentan con acceso a servicios básicos como agua, luz, drenaje y recolección de basura, lo que se determinó a partir de un diagnóstico, el cual identificó que varios lotes ya contaban con el número de viviendas habitadas suficiente para considerarse asentamientos irregulares.

Lamentó que el problema para su regularización está en temas como la ubicación en zonas de riesgo o áreas protegidas, así como en aspectos jurídicos relacionados con la tenencia de la tierra.

Incluso sostuvo que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos reconoció el problema y señaló que debía enfrentarse para evitar que sigan creciendo los asentamientos en zonas de riesgo y regularizar aquellos que sean viables.