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GUADALAJARA, Jal., 28 de octubre de 2025.- El agua es el recurso más valioso para la cuenca Lerma-Chapala, una región que produce 11 por ciento del PIB nacional, (equivalente a la generación de riqueza total de Costa Rica, Panamá y El Salvador juntos), tanto en la agricultura como en la industria, el sector comercio y servicios.
La condición de la cuenca Lerma-Chapala, aunada a la falta de transparencia y a la ausencia de una cadena de insumos previos, legales y técnicos para la aprobación de cualquier gran obra pública, como lo es el acueducto Solís-León, de 200 kilómetros de longitud, ha despertado desde escepticismo hasta abiertas protestas entre académicos, ecologistas y agricultores en Guanajuato y Jalisco.

Tras dos décadas de receso, ha regresado así la disputa por el agua a la demarcación hidrográfica de casi 54 mil kilómetros cuadrados, apenas 2.7 por ciento de la superficie de México.
Esa cuenca concentra cerca de 12 millones de habitantes y genera servicios ambientales hidrológicos que se extienden más allá de sus límites, hacia las ciudades de Guadalajara y México.
En conjunto, el sistema abastece a cerca de 20 millones de usuarios de agua de todos los usos, más de 20 por ciento de los habitantes del país.
No se trata sino de la consecuencia de la mala resolución del problema de abasto para la ciudad de León.
La presa El Zapotillo, enclavada en Los Altos de Jalisco, sería desde 2006 el origen de un acueducto de más de 100 kilómetros que haría posible la entrega de 120 millones de metros cúbicos o 120 mil millones de litros anuales para el principal asentamiento urbano de El Bajío.
Sin embargo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar ese trasvase, ya que la represa se ubica en la cuenca del río Verde, perteneciente a la región del río Santiago.
La medida buscó apoyar al movimiento social que clamaba por la no inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicados al oeste de la zona alteña.

El gobierno federal actual, que preside Claudia Sheinbaum Pardo, ha determinado compensar a los leoneses con agua del mayor vaso artificial del estado de Guanajuato y de toda la cuenca, Solís, ubicado en el municipio de Acámbaro.
A plenitud, esa presa puede concentrar un volumen equivalente a la décima parte del lago de Chapala cuando se llena, algo que no ocurre desde hace 48 años.
El problema es que esa agua es originalmente de uso agrícola, y su utilización está condicionada por el acuerdo de distribución firmado en 2004 y refrendado por el decreto presidencial de 2014, que puso fin a las crisis de existencias de agua del mayor lago del país.

Técnicos de ambos estados encuentran problemática una obra que primero se anunció por la Presidencia de la República y el gobierno de Guanajuato, para arrancar a finales de este año con un costo de 15 mil millones de pesos, pero sin contar con proyecto ejecutivo, el cual se ha habilitado sobre la marcha.
Tampoco se ha emitido un estudio de impacto ambiental, pese a que se pretende extraer 3 mil 800 litros por segundo de la represa, ni un estudio de impacto socioeconómico, considerando que Solís abastece una de las zonas de riego más grandes del país, el Distrito 011.
Además, no se ha convocado a los estados firmantes del acuerdo de distribución vigente, en particular Jalisco, que defiende que no se afecte la situación del lago de Chapala, de donde Guadalajara extrae 60 por ciento de su agua desde hace 80 años.

Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguran que no hay ningún riesgo de trastocar el acuerdo de distribución en perjuicio de Chapala, ni de dejar sin agua a los agricultores.
La clave, añaden, es una amplia inversión en tecnificación de riego que arrojará excedentes suficientes para dotar de agua a León y a cuatro municipios más del corredor industrial: Irapuato, Celaya, Silao y Salamanca.
Hay además peticiones de agua por parte de otras demarcaciones municipales por donde atravesaría la línea de abasto: el propio Acámbaro, donde se ubica el embalse, así como Salvatierra, Villagrán, Tarimoro y Cortázar.
Ante las protestas suscitadas en octubre, la gobernadora consideró que eran fruto de la desinformación y que podían tener motivaciones políticas, sin precisar de quién.
El acueducto Solís tendrá capacidad para transportar 4 mil litros de agua por segundo.
El proyecto de decreto del Río Verde, le daba a León 3 mil 800 litros por segundo.
El acueducto Solís-León es uno de los 16 proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico.
De acuerdo con la página de divulgación del Gobierno de la República, el acueducto proyectado cuesta 810.8 millones de dólares, es decir, casi 15 mil millones de pesos.
Tendrá capacidad para transportar hasta 4 mil litros de agua por segundo, mientras que el decreto del Río Verde le otorgaba a León 3 mil 800 litros por segundo.
Se desconoce cualquier estudio de impacto hidrológico que pueda generar sobre la cuenca, la cual presenta un déficit anual cercano a 700 millones de metros cúbicos, de acuerdo con la Conagua, es decir, cinco veces más que el volumen que pretende extraer el proyecto.

El exfuncionario de la Conagua, Carlos Hernández Solís, integrante del grupo que negoció los acuerdos de Lerma que han garantizado desde 2004 la conservación del lago de Chapala, consideró fundamental que el gobierno de Jalisco solicite la información pertinente del proyecto y realice simulaciones para evaluar los efectos sobre el funcionamiento de toda la cuenca.
“Podrían estar negociando con agricultores el agua de algunas concesiones, y en términos estrictos esto podría ser algo válido. Sin embargo, no debemos olvidar que el uso público urbano es prioritario de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales.
Un año de sequía, de acuerdo con el decreto publicado en 2014, puede obligar a los agricultores a renunciar hasta 50 por ciento de la superficie de riego, pero no aplica igual para el caso del uso urbano”.
Si esa agua, originalmente agrícola, se etiqueta como uso público urbano, no podrá ser restringida, lo que colocará el uso desde la presa de Solís en el mismo estatus que tiene Guadalajara con el lago de Chapala.
Ambos competirán al mismo nivel de prioridad, lo que incrementará la presión sobre el uso agrícola.
Cuando se negociaron los acuerdos tras la gran crisis del lago de Chapala a comienzos del siglo XXI, se llevaron a cabo al menos 200 reuniones para definir una modalidad de uso basada en dos principios:
que bajo ninguna circunstancia el lago de Chapala bajara de la cota 92, equivalente a 2 mil 200 millones de metros cúbicos, y que en ningún año los agricultores tuvieran menos de 50 por ciento del agua correspondiente a sus concesiones.
La entrada de un nuevo actor a una cuenca sobreexplotada no puede darse sin afectar su equilibrio, advirtió.
Esa política de distribución fue confirmada por el decreto presidencial de 2014, que respondió a la necesidad de corregir las cuentas de agua que perjudicaban a Chapala y buscó soluciones ante los eventos de sequía, cuyo impacto tenderá a acentuarse con el cambio climático, según el consultor Fernando Rueda Lujano.
Sin obtener respuesta pública, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha solicitado que se discuta el tema a nivel de la presidencia de la república.
La primera mandataria se ha limitado, en un par de ocasiones en sus mañaneras del pueblo, a asegurar que no hay riesgo de que se afecte el acuerdo ni al lago de Chapala.
El agua es una necesidad para todas y todos. No conoce límites ni fronteras entre estados, por eso realizamos el “Foro Nacional para la Gestión Eficiente del Agua y Energía: Transición energética y manejo sostenible del agua subterránea”; en el que dialogamos con diversas… pic.twitter.com/xMtUxQek3F
— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) July 31, 2025
En la cuenca Lerma-Chapala se ubican ocho distritos de riego –los número 033, 045, 087, 022, 061, 085, 011 y 013– y los sistemas de pequeña irrigación denominados Alzate, Tepetitlán, Angulo, Duero,
La Begoña, Pericos, Zula, Ramírez, Tepuxtepec, Solís, Querétaro, Adjuntas, Corrales, Yurécuaro y Chapala. La tecnificación apenas alcanza 10% de la superficie agrícola total de irrigación, superior a 700 mil hectáreas.
El Ayuntamiento de León sostiene pláticas con los agricultores del distrito 011, que abarca 110 mil hectáreas, desde que se canceló el acueducto de El Zapotillo, en 2023.
“Sabemos que el público urbano es un uso prioritario, pero no estamos cerrados a negociar”, comentó Rigoberto Paredes Villagómez, presidente del módulo de Salvatierra de ese distrito.

Admitió que había una inversión histórica importante en la tecnificación, para reducir el desperdicio de agua en las siembras, que según la Comisión Estatal del Agua, supera el 50% del volumen irrigado:
“El problema es que cuando se descompone algo mínimo de la infraestructura, si el gobierno no acude a repararlo, muchos agricultores lo dejan tirado y se regresan a los métodos tradicionales; es un problema muy serio este abandono”.
Agregaba:
“Cuando hay escasez de agua o malos precios en el mercado, también hacemos recomendaciones a los productores para que cambien de productos; pero es solamente una sugerencia; cada productor es diferente y muchos sencillamente se aferran a sus decisiones, lo que limita el alcance de la planeación”.
La gran apuesta para obtener 120 millones de m³ es la tecnificación.
Hernández Solís establece que es una inversión enorme e incierta:
“Una postura respetuosa y conciliadora es solicitar aclaraciones respecto a los análisis hidrológico-hidráulicos que demuestren la no afectación... y comprobar que el plan de tecnificación –leí que será en 10,000 hectáreas del DR 011– posibilita rescatar 120 millones de m³, lo cual suena utópico, falso, no aceptable...”.
10 mil hectáreas, agrega, representan en términos de volumen concesionado 100 millones de m³ al año, bajo el criterio de 10,000 m³ por ha a condiciones actuales.
Si asumen que con la tecnificación reduces la necesidad de agua a 5,000 m³/ha, resultaría que para mantener la producción de las 10,000 ha tecnificadas rescatarías 50 millones de m³, lo que requeriría duplicar el esfuerzo.
De manera que no solo hay que tecnificar más del doble de lo expresado, sino prever el efecto de periodos secos naturales, acrecentados con el cambio climático.

El académico Alex Ricardo Caldera Ortega, investigador de la Universidad de Guanajuato, señala que la inversión estatal ya empezó para la tecnificación del riego:
“porque es la condición previa necesaria para justificar un proyecto de esta naturaleza, que realmente haya un ahorro de muchísima agua…”.
Coincide con los otros técnicos respecto a los logros del acuerdo de 2004 refrendado en 2014:
“Se logró y se mantuvo el equilibrio para el lago de Chapala; ese acuerdo es un ejemplo nacional...”.
Explicó que una vez fracasado el trasvase desde el río Verde, era lógico que:
“Debíamos pensar que la opción de Solís podía ocurrir cuando se canceló el trasvase del Zapotillo. Aunque se manejaron otras alternativas, en realidad nunca se les dio realmente seriedad”.
Entre las coincidencias, concluyen, particularmente desde la academia y la sociedad civil, que se vino trabajando durante 20 años el ajuste del agua en la cuenca a través de estrategias de gestión de la demanda, no de la oferta.
“Fueron los planes de manejo de acuíferos que se trataron de instrumentar y de formar incluso a través de instancias como los consejos técnicos de aguas de Guanajuato”.
Y se trata de soluciones más tardadas, pero más sostenibles, a las que se ha renunciado a cambio de un proyecto políticamente más espectacular, pero frágil ante las evidencias científicas de una cuenca históricamente escasa en agua.

Periodista con más de 35 años de carrera, especialista en temas de medio ambiente, desarrollo rural y urbano. Ganador en cinco ocasiones del Premio Jalisco de Periodismo (1996, 2006, 2018, 2020 y 2023); del premio de periodismo ambiental de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y la Fundación Reuters para América Latina (2008); además de numerosos premios otorgados por Greenpeace, la escuela de periodismo Carlos Septién García y Fundación Coca-Cola, por mencionar algunos. Autor de cuatro libros de temas ambientales; colaborador del diario El Economista y de la Red internacional de periodismo ambiental Mongabay.