Reforma del Fiscal a beneficio propio causa controversia en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto., 19 de junio de 2024.- El fiscal más cuestionado de México, Carlos Zamarripa Aguirre, -de quién el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido su cese-, está envuelto en una nueva polémica.

El viernes 14 de junio, en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, se publicó que el Fiscal y sus colaboradores gozarán de una pensión equivalente al 50 por ciento de su sueldo actual durante 15 años posteriores a su jubilación. En lo sustancial, se publicaron las disposiciones para el otorgamiento de apoyo complementario de seguridad social por jubilación o por vejez, y de la gratificación por fidelidad, para quienes finalizan su estadía en la FGE.

Así se decidió en la autónoma Fiscalía General del Estado, sin necesidad de consultarlo con ningún consejo, órgano legislativo ni el gobernador. Lo que ha despertado críticas debido a su aparente motivación de asegurarse un retiro económico privilegiado antes de que concluya su gestión como fiscal.

Los nuevos beneficios y la modificación al reglamento

Entre los cambios implementados se encuentra la adición de un apartado al sistema complementario de seguridad social, que garantiza a Zamarripa una mayor pensión mensual, además de gastos cubiertos para seguros médicos y funerarios. Estos beneficios se sumarán a la pensión ordinaria que le correspondería por ley.

Según estimaciones, los ingresos mensuales de pensión que podría recibir Zamarripa, incluyendo los beneficios adicionales, podrían ascender a aproximadamente 147,423 pesos. Este ajuste no solo beneficia al fiscal saliente, sino que también facilita condiciones más favorables para la jubilación de sus colaboradores, al reducir el tiempo mínimo requerido para acceder a estos beneficios de 30 a 15 años de servicio continuo dentro de la FGE de Guanajuato.

La modificación al reglamento fue efectuada el pasado 19 de marzo de 2024, un movimiento que ha sido interpretado como una estrategia premeditada ante las elecciones estatales de junio de 2024. La candidata electa Libia Denisse había expresado públicamente su intención de no mantener a Zamarripa en el cargo de fiscal en caso de resultar victoriosa en las elecciones.

Este episodio ha suscitado debates sobre la transparencia y la ética en la administración pública, mientras se espera la respuesta de las autoridades y la opinión pública sobre las implicaciones de estas reformas de última hora en la Fiscalía del Estado.