
Acusan a funcionarios de corrupción y encubrimiento en Guanajuato
LEÓN, Gto; 23 de julio de 2025.- A 10 familias que fueron desalojadas hace una semana, por una situación entre particulares, en San Joaquín, el municipio les apoyará con un recurso para pagar una vivienda temporalmente en lo que avanza el proceso jurídico.
El pasado 14 de julio, varias familias de la zona irregular conocida como San Joaquín, a un costado de San Juan de Abajo, fueron desalojadas y en algunos casos las viviendas demolidas, tras una orden judicial de desalojo. Se informó que la situación derivó de un conflicto entre particulares por una deuda que adquirió el propietario original de los predios.
Luis Miguel Aguirre Aranda, director del Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI), confirmó que se otorgará un subsidio para vivienda, además de enseres domésticos, para que las familias tengan un techo donde vivir mientras se analiza la situación jurídica.
“Ahorita estamos haciendo la gestión de un subsidio por unos meses, en lo que se puede dirimir el tema jurídico, para que puedan estar unos meses, y se les proveería de colchón, estufa. Es solo para unos meses para ver el tema jurídico, sería una renta con un tercero, esto pasará para su análisis y aprobación por parte del Consejo del IMUVI”, dijo.
Este tema actualmente se analiza y se elabora el proyecto para someterlo a votación del consejo del instituto a más tardar en la primera quincena de agosto.
Aguirre Aranda aseguró que por lo pronto las 10 familias tienen lugar en dónde estar, principalmente en su red familiar.
“El apoyo es para las familias, no todas se acercaron al instituto. Hubo grupos políticos que se acercaron con ciertas intensiones y ahorita se percataron que lo que les dijeron no es posible o les va a costar más, porque ya ha dicho de las personas les solicitaron dinero para realizar el proceso judicial, y es mucho más oneroso”, dijo.
Precisó que hay diferentes situaciones en las familias, hay quienes rentaban a otra persona la casa, otros que afirman que compraron el predio a una persona, pero se descubrió que el propietario original ya falleció, fue quien tenía el dominio pleno, pasó la propiedad a otra, que fue la que vendió a los particulares afectados.
La última palabra la tendrán los juzgados, que deberán analizar caso por caso para determinar la situación legal de los predios.