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Supervisa alcaldesa de León Obras en El Potrero
GUANAJUATO, Gto., 20 de junio de 2024.- El diputado de Morena Ernesto Prieto Gallardo, se pronunció en contra de lo que llamó “beca a perpetuidad” que se quiere dar el Fiscal Carlos Zamarripa.
Para ello, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado, en particular a su titular Carlos Zamarripa, para que se derogue el sistema complementario de seguridad social que se ha establecido ilegal e ilegítimamente en su reglamento interno de la Fiscalía.
De acuerdo con Morena, en tanto se actualizan violaciones a la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos.
El legislador de Morena, Ernesto Prieto, resaltó que fue a través del periódico Correo que se dio a conocer la reforma que fue aprobada al reglamento interior de la Fiscalía del estado, y donde se estableció un sistema complementario de seguridad social lo que en realidad significa dijo es una beca a perpetuidad para Carlos Zamarripa y sus secuaces.
Esta reforma, resaltó el diputado morenista, tiene implicaciones muy significativas tanto en las finanzas de la fiscalía porque recibe para su funcionamiento la asignación de recursos públicos de las y los guanajuatenses, como en el hecho de que se permite que los funcionarios de esta dependencia (FGEG) con más de 15 años de servicio activo, puedan jubilarse con una pensión casi igual o mayor a su sueldo neto actual.
Esta noticia se da cuando se prevé que Carlos Zamarripa tome la opción de jubilarse.
“Puede afirmarse que el factor político es la verdadera causa de que el fiscal general se vea obligado a jubilarse, como previsión de esto ha modelado para sí y sus subordinados un abuso de recursos públicos, porque eso es lo que es, bajo el eufemismo de llamarle: sistema complementario de seguridad social, una beca a perpetuidad”, dijo.
Estamos, señaló Prieto Gallardo, ante “una burocracia dorada de jubilados cuando los resultados de la FGEG no tienen la solidez de fincarse en una verdadera disminución de la impunidad, cuando es común que las víctimas del delito sean revictimizadas en las agencias del ministerio público del estado”.
Finalmente el diputado Ernesto Prieto dijo que “la forma en que se ha actuado desde la fiscalía en este asunto, claramente contraviene el principio de honradez, previsto en los artículos 21 y 109 de la constitución federal, pudiendo actualizarse en las sanciones de suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas que deben establecerse de acuerdo a los beneficios económicos que obtengan los responsables…”