Sin Interferencia/Enrique Rivera

Brasil, el INE y una pregunta incómoda: ¿Quién garantiza la limpieza de las elecciones?

Una elección no termina cuando se cuentan los votos. Termina cuando la ciudadanía tiene razones suficientes para confiar en el resultado.

Brasil acaba de recordárnoslo. México está a punto de enfrentarlo.

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, frente a Flávio Bolsonaro, llegó acompañada de una controversia que rápidamente encendió las redes sociales y el debate político: la decisión de extender dos horas la jornada electoral, cuando el conteo preliminar ya había comenzado a difundirse.

La solicitud fue presentada por la campaña de Lula, que argumentó problemas de transporte público en algunas ciudades. El juez Cristiano Zanin aceptó la petición y el Tribunal Superior Electoral suspendió temporalmente la difusión del conteo para esperar el cierre de las casillas.

La oposición cuestionó la decisión y Flávio Bolsonaro anunció que buscaría impugnar el resultado. Sin embargo, la ampliación de la jornada y la pausa en el conteo no constituyen, por sí mismas, pruebas de fraude electoral. Para demostrarlo se necesitan evidencias, procedimientos de revisión y resoluciones de las autoridades competentes.

Pero el episodio deja una lección que va más allá de quién ganó o perdió.

Cuando una decisión electoral genera sospechas, la autoridad tiene la obligación de explicar, documentar y demostrar que las reglas se aplicaron con imparcialidad.

La confianza no se exige. Se construye.

Y mientras Brasil procesa su resultado, México enfrenta una crisis que toca precisamente ese punto.

Guadalupe Taddei anunció que este 26 de octubre presentará su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, después de los cuestionamientos por sus presuntos vínculos con un proveedor de materiales electorales y las posibles irregularidades en contrataciones del organismo.

La Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio sobre posibles anomalías. Hasta ahora, los señalamientos deben esclarecerse y las responsabilidades, en su caso, acreditarse conforme a derecho. La renuncia no sustituye esa investigación ni constituye por sí misma una prueba de culpabilidad. El problema, sin embargo, ya trascendió a una persona.

Estamos hablando de la credibilidad de una institución responsable de organizar las elecciones y garantizar que el voto ciudadano se respete.

Y aquí vale la pena recordar marzo de 2023, cuando Andrés Manuel López Obrador celebró la designación de Taddei.

El entonces presidente la calificó como una mujer experimentada, profesional, íntegra y honesta. Incluso afirmó que era incapaz de actuar como su antecesor y defendió su nombramiento por insaculación como un procedimiento transparente. Aquellas palabras hoy adquieren otra dimensión. No porque una declaración presidencial pueda demostrar o descartar la responsabilidad de una funcionaria, sino porque la honestidad de quien encabeza una institución electoral no puede depender de quién la recomienda, la respalda o la cuestiona.

Debe sostenerse en sus decisiones, en la transparencia de sus actos y en su disposición a rendir cuentas.

Taddei deja una presidencia bajo cuestionamientos en un momento especialmente delicado: el proceso electoral 2026-2027 ya comenzó y la jornada está programada para el 6 de junio de 2027.

Estarán en juego las 500 diputaciones federales, además de miles de cargos locales. Por eso, la pregunta no es solamente quién ocupará la silla que deja vacante.

La pregunta es qué garantías tendrá la ciudadanía de que el árbitro electoral actuará con independencia, sin favoritismos y sin compromisos políticos o personales.

El relevo debe abrir un proceso transparente, con perfiles evaluados públicamente, criterios objetivos y una trayectoria que resista el escrutinio. No basta con nombrar a alguien que prometa honestidad.

Se necesita una persona capaz de demostrar independencia incluso cuando sus decisiones incomoden al gobierno, a los partidos o a los intereses de quienes participaron en su designación.

Y hay algo más: el INE no puede reducirse a su presidencia. Su estructura profesional, sus consejerías, sus órganos de control y sus procedimientos deben funcionar con autonomía y rendición de cuentas. La fortaleza institucional no puede depender de una sola persona.

Tampoco sería justo dar por hecho que una elección futura será fraudulenta antes de que ocurra. Eso equivaldría a sustituir las pruebas por prejuicios.

Pero sería igualmente irresponsable ignorar las señales que obligan a reforzar los controles y la transparencia.

México llega a 2027 en medio de una discusión más amplia sobre la confianza en sus instituciones, el uso de recursos públicos y la relación entre el poder político y los organismos que deben vigilarlo.

Los señalamientos de corrupción contra funcionarios o dependencias del gobierno federal, cuando existan, deben investigarse con el mismo rigor. Ninguna administración puede reclamar credibilidad si exige explicaciones a sus adversarios, pero considera innecesario rendir cuentas sobre los suyos.

La imparcialidad no admite excepciones.

Y la democracia tampoco puede funcionar bajo una lógica en la que cada partido acepta los resultados cuando gana y denuncia irregularidades cuando pierde.

Brasil y México son realidades distintas. La controversia por la ampliación de la votación brasileña no prueba que haya ocurrido fraude, así como las acusaciones contra Taddei no acreditan automáticamente responsabilidades penales.

Pero ambos episodios nos colocan frente a una exigencia común: las autoridades electorales deben ser capaces de ofrecer certeza, y sus decisiones deben poder examinarse sin obstáculos.

Una democracia sólida no es aquella en la que nunca hay dudas. Es aquella que cuenta con instituciones capaces de responderlas con evidencia.

Por eso, la salida de Taddei no debería convertirse en un simple cambio de nombre ni en una oportunidad para que las fuerzas políticas coloquen a alguien cercano a sus intereses. Debería ser una oportunidad para recuperar confianza.

La ciudadanía necesita saber quién vigilará las elecciones, cómo será seleccionado, qué controles tendrá y qué mecanismos permitirán investigar cualquier irregularidad, sin importar quién resulte beneficiado.

Porque la limpieza electoral no comienza el día de la votación. Comienza con la independencia de quienes organizan los comicios, con la transparencia en sus contrataciones, con la certeza de que las reglas son iguales para todos y con la disposición de aceptar la fiscalización pública.

Lula ya obtuvo la victoria que confirmó la autoridad electoral brasileña. Las impugnaciones, si se presentan, deberán resolverse con pruebas y conforme a las reglas.

En México, todavía estamos a tiempo de fortalecer las condiciones para que en 2027 el resultado de las urnas sea respetado y la autoridad electoral no se convierta en el centro de una nueva crisis. La pregunta es si aprovecharemos esta oportunidad.

Porque cuando la confianza en el árbitro se pierde, no basta con cambiar a quien lleva el silbato. Hay que demostrar que el partido se jugará con las mismas reglas para todos.

En 2027 no estará en juego solamente quién gana las elecciones. También estará en juego la confianza de los mexicanos en que su voto cuenta y se cuenta correctamente.

Y esa certeza no puede depender de la palabra de un presidente, de la promesa de una consejera ni de la conveniencia de un partido.

Tiene que depender de instituciones que no le deban lealtad a nadie más que a la ley y a la ciudadanía.