Solicitan alerta de violencia de género por criminalización del aborto

GUANAJUATO, Gto., 9 de junio de 2025.- Tras la negativa del Congreso de Guanajuato a despenalizar el aborto, la activista feminista y representante legal del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual (Chicas BiLess), Lucía Wera Limón, presentó una Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.

Formalmente lo hizo este lunes ante la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.

Esta acción cuenta con el respaldo y acompañamiento de Movimiento Ciudadano Guanajuato.

“El Estado de Guanajuato ha elegido criminalizar a las mujeres antes que protegerlas. Nosotras defendemos la vida digna, el derecho a decidir y la justicia. Exigimos intervención federal para no permitir retrocesos en nuestros derechos”, declaró Limón.

Por su parte, Yulma Rocha, delegada nacional de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, señaló que esta solicitud representa un paso jurídico fundamental en una lucha que se ha dado desde las calles, el Congreso y ahora a través de herramientas legales.

Acompañamos esta acción promovida por una organización civil que representa los esfuerzos de colectivas, activistas, abogadas y legisladoras que exigen justicia en un estado que castiga el derecho a decidir.”

La petición se fundamenta en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y exige que el Gobierno federal intervenga frente a leyes locales que fomentan desigualdad y discriminación estructural.

Datos revelan que entre 2019 y 2025 se han iniciado 150 carpetas de investigación por aborto en Guanajuato, superando las investigaciones por feminicidio. En 2024, se registraron 22 casos nuevos, posicionando al estado entre los primeros en criminalización. Además, más de 560 mujeres han tenido que viajar a la Ciudad de México para acceder a una interrupción legal del embarazo.

La abogada Mari Carmen Rivera, cofirmante de la solicitud, explicó que el marco jurídico vigente en Guanajuato viola la Constitución, la jurisprudencia de la Suprema Corte y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de Belém do Pará. “No es una opinión, es una obligación legal que el Estado ha ignorado por años”, afirmó.

La solicitud exige:

• La derogación de la penalización del aborto.
• La aplicación efectiva de la NOM-046.
• La reparación del daño institucional a mujeres perseguidas.
• La implementación de políticas públicas con enfoque de género y justicia reproductiva.

Finalmente, la diputada local Sandra Pedroza agregó: “Mientras el Congreso local se niega a legislar con justicia, nosotras caminamos con las mujeres, con la ley y con la verdad. No permitiremos que el silencio legislativo siga costando derechos y vidas.”