El derecho al agua no se reprime
El amago del presidente Trump sobre el gobierno y el país ha sido uno de los temas de atención de los analistas y observadores de los asuntos públicos. Buena parte de ellos refieren a que en cualquier momento habrá una respuesta violenta y agresiva contra el país; los vaticinios y las especulaciones dan para todo, desde la invasión armada, las acciones encubiertas y hasta el despliegue discreto de policías y espías. No pocos decían que una acción punitiva ostensible y ejemplar ocurriría antes de la elección de noviembre.
El gobierno advierte sobre una posible acción “injerencista” previa a la elección de noviembre. En su versión se trataría de una acción de la ultraderecha norteamericana de la que las autoridades han tenido a bien a excluir al presidente Trump. Se dice que él está mal acompañado, pero no participa, avala o promueve la violación a la soberanía nacional. También se hace creer que un resultado adverso para Trump cambiaría el escenario en aranceles, hostilidad diplomática y amenaza de intervención violenta.
La elección se aproxima y nada significativo ha sucedido previo a la elección, más allá de declaraciones intimidantes o filtración a medios. Lo relevante ha sido la solicitud del departamento de justicia de detener diez funcionarios de Sinaloa con propósitos de extradición, entre éstos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Se han entregado quien manejaba los dineros, Enrique Alfonso Díaz y quien operaba la seguridad General Gerado Mérida
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