Un tema jurídico pertinente y de actualidad

LA LUCHA POR LAS “PENSIONES DORADAS”.

Durante el mes de febrero la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo presentó la iniciativa de Reforma Constitucional para eliminar las “Pensiones Doradas”, que causaron tanta inconformidad, disgusto y hasta coraje en muchos jubilados.

Dicha reforma ya es una realidad en plena Semana Santa, debido a que en la Cámara de origen, como lo fue la de Senadores, se aprobó por unanimidad el 11 de marzo de 2026 y posteriormente fue remitida a Diputados.

Además, como se trataba de una Reforma al artículo 127 de la Constitución, requería aprobación de al menos 17 Congresos Locales, cifra que se alcanzó rápidamente con 18 aprobaciones en seis días.

La verdad que Claudia Sheinbaum se aventó un hitazo; la iniciativa logró apoyo popular ante la injusticia en prestaciones salariales, especialmente por las pensiones elevadas en organismos como CFE, PEMEX y Banobras.

Asimismo, se estima que esta medida permitirá un ahorro cercano a 5 mil millones de pesos anuales, derivado de la reducción a pensiones excesivas del sector público.

Varios líderes de opinión han respaldado la reforma; además, destacan la aprobación como un ajuste necesario en el sistema de pensiones, celebrando el fin de privilegios.

¿Qué vendrá después? Con la entrada en vigor, se fijarían límites de hasta 70 mil pesos mensuales a cerca de 6,500 pensionados, lo que ya genera reacciones.

En ese sentido, despachos legales comenzaron a moverse; por ello, ofrecen servicios para promover amparos a posibles afectados por la reforma.

He recibido información sobre estos servicios; además, muchos beneficiarios actuales cuentan con patrimonios amplios derivados de pensiones elevadas, lo que genera debate público.

Entre los despachos destacan algunos nombres; sin embargo, afirman representar a cientos o miles de afectados interesados en litigar contra la reforma.

El litigio en amparo exige experiencia; por lo tanto, los abogados preparan estrategias legales complejas ante un escenario incierto para los demandantes.

El consejo es claro: evitar contratos costosos por etapas y optar por pagos condicionados al resultado del juicio, para reducir riesgos económicos.

Finalmente, expertos consideran que las probabilidades de éxito son bajas y la decisión recaerá en la Suprema Corte, lo que limita expectativas favorables.